El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la posibilidad de imponer un embargo comercial a España, una medida que podría afectar más de 54 mil millones de dólares en intercambios bilaterales. La advertencia surge después de que el gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, rechazara el uso de las bases de Morón y Rota para operaciones contra Teherán.

Trump calificó la postura española de “falta de apoyo” a la campaña estadounidense contra Irán y solicitó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que evalúe la imposición de sanciones. En su discurso, el mandatario subrayó que cualquier revisión de la relación bilateral debe respetar la “legalidad internacional” y los acuerdos firmados entre ambas naciones.

Impacto económico inmediato

Según el último informe del Ministerio de Economía, el comercio total entre EE. UU. y España alcanzó los 46.890 millones de euros (US$ 54.481 millones) en 2025. Las exportaciones españolas a Estados Unidos descendieron un 8 % respecto al año anterior, situándose en 16.716 millones de euros (US$ 19.422 millones). Por su parte, las importaciones desde Washington aumentaron un 7 %, alcanzando los 30.174 millones de euros (US$ 35.058 millones). El desequilibrio generó un déficit comercial de 13.458 millones de euros (US$ 15.636 millones), un 34 % más que en 2024.

Si se materializa el embargo, sectores como la automoción, la agroindustria y la tecnología podrían experimentar una caída abrupta de sus ingresos, mientras que empresas estadounidenses perderían un mercado clave en la Unión Europea.

Antecedentes de la disputa

La controversia se originó en junio de 2025, cuando Washington solicitó permiso para lanzar ataques desde las instalaciones de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) contra objetivos iraníes. El Ejecutivo español argumentó que la autorización vulneraría la normativa internacional y los tratados bilaterales de defensa. En respuesta, EE. UU. retiró varias aeronaves de territorio español, citando la necesidad de “defender la legalidad”.

Mientras tanto, aliados europeos adoptaron posturas distintas. Reino Unido autorizó el uso de sus bases para misiones defensivas tras el ataque iraní a una instalación británica en Chipre. Francia y Alemania expresaron su disposición a apoyar acciones colectivas bajo la OTAN, y Portugal permitió el uso de la base de Lajes en las Azores bajo condiciones restrictivas. Italia, por su parte, abogó por una respuesta coordinada dentro del marco de la UE.

Reacción del Gobierno español

Portavoces del Ejecutivo afirmaron que España cuenta con los recursos necesarios para mitigar posibles repercusiones y diversificar sus cadenas de suministro. “Si el presidente Trump desea revisar las relaciones comerciales, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la UE y EE. UU.”, declararon.

El Ministerio de Asuntos Exteriores añadió que Madrid mantendrá el diálogo con Washington, pero no cederá en cuestiones que considere contrarias al derecho internacional.