La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este lunes en el Palacio de Palacio de Miraflores, en Caracas, a un grupo de víctimas de “violencia política”, en el marco de la ley de amnistía aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional de Venezuela.

La norma contempla la excarcelación de personas procesadas o condenadas por hechos vinculados a motivaciones políticas. Mientras el Gobierno defiende que se trata de un paso hacia la reconciliación, la ONG Foro Penal sostiene que actualmente hay más de 600 presos por razones políticas en el país.

Durante el encuentro, Rodríguez instó a los asistentes a incorporarse a un programa de convivencia nacional. Afirmó que el perdón no solo responde a un “mandato legal”, sino que constituye un “desprendimiento necesario” para consolidar la paz. “Un ser humano no puede estar tomado por el odio”, expresó, al tiempo que invitó a participar en una etapa política que, según dijo, busca una “reparación integral” de la sociedad venezolana.

La mandataria abogó por “una nueva justicia para todos” y denunció lo que calificó como “criminalización de la pobreza”. Atribuyó los episodios de violencia política a la exclusión socioeconómica y a proyectos que, en sus palabras, promovían la entrega de la soberanía nacional. También reivindicó el legado del expresidente Hugo Chávez, destacando su política de inclusión social, aunque reconoció que “el germen del odio” no fue superado.

Rodríguez defendió igualmente la denominada ley contra el odio, aprobada en años anteriores por el Parlamento, y vinculó la actual etapa política con los hechos del 3 de enero, cuando —según la versión oficial— se produjo una “agresión externa” por parte de Estados Unidos que derivó en la captura de su predecesor, Nicolás Maduro.

En su intervención, acusó a sectores de la oposición de haber promovido una intervención extranjera para resolver disputas internas. Señaló que algunas diferencias políticas “se pidieron con misiles y bombas”, en alusión al operativo militar que, según el Gobierno, dejó un centenar de muertos y la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez aseguró además que existen planes en el extranjero para “perturbar” el proceso iniciado tras el 3 de enero y afirmó que presentará pruebas “en su debida oportunidad”. También criticó a opositores que, según dijo, permanecen en Estados Unidos y Europa e intentan “sabotear” la reconciliación nacional.

En la reunión participó el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, quien informó que desde la entrada en vigor de la norma el viernes pasado se han efectuado 177 excarcelaciones. No obstante, Foro Penal cifró horas antes las liberaciones en 65, aunque su director, Alfredo Romero, posteriormente elevó el número a “más de 30 liberados” adicionales.

Arreaza aseguró que desde diciembre de 2025 se han registrado más de 800 excarcelaciones y 2.021 “libertades plenas”, además de 2.735 medidas cautelares sustitutivas. Indicó que los tribunales han recibido más de 3.000 solicitudes para acogerse a la amnistía y que continúan llegando escritos de defensores privados, públicos y del Ministerio Público.

El funcionario subrayó que el espíritu de la ley es la convivencia democrática y pidió evitar un retorno a la polarización. “Debemos unirnos como un bloque para defender nuestra soberanía”, afirmó, insistiendo en que el Gobierno hará “el mayor de los esfuerzos” para avanzar en la reconciliación.

Las diferencias en las cifras de liberaciones y el contexto político posterior al 3 de enero mantienen abierto el debate sobre el alcance real de la amnistía y sus efectos en la estabilidad institucional del país.