El gobierno de Cuba ha comenzado un proceso de excarcelación de presos considerados políticos por organizaciones de derechos humanos, en un movimiento que coincide con el avance de negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales y activistas dentro y fuera de la isla.

La medida, anunciada de forma discreta a través de comunicados del Ministerio del Interior, afecta a decenas de personas detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021, así como a opositores, periodistas independientes y defensores de derechos humanos condenados en juicios sumarios. Aunque no se ha revelado un número exacto de liberados, organizaciones como Cubalex y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han reportado al menos 34 excarcelaciones en las últimas 72 horas.

“Este es un paso significativo, aunque tardío”, afirmó Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex, en una entrevista vía telefónica desde Miami. “Muchos de estos presos han estado encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión. Su liberación no debería ser un gesto negociado, sino una obligación del Estado”.

El gobierno cubano no ha ofrecido detalles sobre los criterios de selección para las liberaciones, pero fuentes cercanas al proceso indican que se están priorizando casos de presos con condenas menores, personas mayores de 60 años y aquellos con problemas de salud graves. Algunos de los liberados han sido sometidos a medidas de control como la prohibición de salir del país o de participar en actividades públicas.

El anuncio llega en un contexto de reapertura de conversaciones entre La Habana y Washington, que han mantenido encuentros técnicos en temas migratorios, consulares y de seguridad en los últimos meses. Altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense han confirmado que el tema de los presos políticos ha sido abordado “de manera directa y sostenida” en las últimas rondas de diálogo.

“Estados Unidos ha sido claro: el respeto a los derechos humanos es un componente esencial de cualquier avance en la relación bilateral”, señaló un vocero del Departamento de Estado bajo condición de anonimato. “Vemos con interés estos movimientos, pero insistimos en que deben ser parte de un proceso transparente y sostenible”.

Analistas internacionales interpretan la medida como un intento del régimen cubano de aliviar la presión externa y mejorar su imagen ante la comunidad global, especialmente en momentos en que enfrenta una profunda crisis económica. El PIB cubano se contrajo un 3,8% en 2024, según estimaciones del Banco Mundial, mientras que la inflación supera el 50% y la escasez de alimentos y medicinas afecta a millones de ciudadanos.

La moneda estadounidense cotiza en más de 420 pesos cubanos en el mercado informal, mientras que el acceso a bienes básicos sigue limitado para la mayoría de la población. En este escenario, la apertura diplomática con EE.UU. podría traducirse en un alivio económico, incluyendo el posible levantamiento de restricciones al envío de remesas o la expansión del comercio digital.

Sin embargo, activistas advierten que la liberación de presos no debe interpretarse como un cambio estructural en la política represiva del gobierno. “Esto no es una amnistía, ni mucho menos una reforma del sistema judicial”, dijo Elizardo Sánchez, exiliado y presidente del Grupo de Trabajo sobre Disidencia Interna. “Es una maniobra táctica. Mientras no haya garantías de libertad de expresión y oposición legal, seguirán existiendo presos de conciencia”.

La comunidad internacional observa con cautela los próximos pasos. La Unión Europea y la ONU han pedido garantías para los liberados y acceso inmediato de observadores independientes a los centros de detención. Mientras tanto, familias de presos continúan exigiendo justicia y transparencia en un proceso que, aunque prometedor, aún está lejos de cerrar la herida abierta desde 2021.