Un nuevo capítulo de tensión política se desarrolla en Ecuador después de que la vicepresidenta Verónica Abad anunciara que asumirá la presidencia del país este domingo 5 de enero de 2025, en medio de la controversia por la campaña electoral del presidente Daniel Noboa.

La vicepresidenta, quien actualmente enfrenta un conflicto institucional por su designación como consejera en la Embajada de Turquía, cargo que no asumió, manifestó que tomará el poder “por mandato expreso de la ley, como función propia y constitucional”, desafiando la reciente designación de Sariha Moya como vicepresidenta temporal.

El escenario se complica ante la proximidad de las elecciones presidenciales programadas para el 9 de febrero, donde Noboa busca la reelección. La vicepresidenta Abad ha presentado una acción legal ante la Corte Constitucional, cuestionando la decisión del Ejecutivo de considerar su “ausencia temporal” por no presentarse a su cargo diplomático.

En su pronunciamiento a través de redes sociales, Abad convocó a las Fuerzas Armadas para establecer una agenda de trabajo y evitar un “vacío de poder”. Además, solicitó al Consejo Nacional Electoral garantizar la transparencia del proceso electoral y prevenir el uso indebido de recursos públicos en la campaña.

Por su parte, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, sostiene que no existe obligación legal para que Noboa solicite licencia durante la campaña electoral, argumentando que el actual mandato corresponde a la conclusión del período del expresidente Guillermo Lasso, interrumpido por la figura constitucional de “muerte cruzada”.

La vicepresidenta ha hecho un llamado a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Estados Americanos, para que vigile el cumplimiento de la Carta Democrática y actúe ante cualquier intento de obstaculizar su asunción presidencial.

Entre sus compromisos anunciados, Abad garantizó un período de paz y respeto a la institucionalidad democrática, prometiendo no aumentar impuestos ni precios de combustibles, así como evitar persecuciones políticas y el uso indebido de recursos públicos.

Con información de wradio y efe