La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este sábado 19 de abril de 2025 la suspensión temporal de la deportación de varios migrantes venezolanos detenidos en Texas, quienes iban a ser enviados a una prisión salvadoreña bajo el amparo de una controvertida ley del siglo XVIII.

“Se ordena al gobierno no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de esta corte”, dictaminó el máximo tribunal estadounidense, con los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito como únicos disidentes.

La decisión responde a un recurso de emergencia presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que alertó sobre la situación crítica de los migrantes retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, ubicado a 38 kilómetros al norte de Abilene, Texas.

“Estamos profundamente aliviados de que la Corte haya bloqueado temporalmente las deportaciones. Estas personas corrían un peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una brutal prisión salvadoreña sin haber tenido nunca un proceso justo”, declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU.

El gobierno del presidente Donald Trump había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar estas deportaciones, argumentando que los detenidos eran miembros de la pandilla venezolana “Tren de Aragua”. Esta normativa solo se ha utilizado tres veces en la historia estadounidense: durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y durante las dos guerras mundiales.

Según testimonios recogidos en el recurso legal, algunos de los detenidos ya estaban siendo trasladados en autobuses hacia aeropuertos cuando se presentó la apelación. Los abogados de los migrantes afectados sostienen que sus clientes no son miembros de pandillas y que muchos fueron señalados simplemente por sus tatuajes corporales.

La semana pasada, la Corte Suprema ya había ordenado al gobierno de Trump “facilitar” el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo bajo la misma ley. El 9 de abril, el alto tribunal había dictaminado que las deportaciones podrían continuar solo si los afectados tenían la oportunidad de defender su caso ante un tribunal y se les concedía “un tiempo razonable” para impugnar sus deportaciones.

“Por eso fui elegido. Los jueces no fueron elegidos”, comentó Trump el viernes cuando fue consultado sobre el caso, aunque aseguró no conocer los detalles específicos.

Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, sostuvo que las personas programadas para deportación tendrían un “mínimo” de 24 horas para impugnar su expulsión. Sin embargo, el juez James E. Boasberg expresó preocupación porque los documentos entregados a los detenidos no dejaban claro su derecho a impugnar la deportación.

Esta semana, el juez Boasberg encontró causa probable de que el gobierno de Trump cometió desacato criminal al desobedecer una prohibición inicial de deportación. La aparente disposición del Ejecutivo a confrontar las decisiones judiciales genera interrogantes sobre el respeto a la separación de poderes establecida en la Constitución estadounidense.

Se espera que el gobierno recurra rápidamente a la Corte Suprema para intentar levantar esta orden temporal, lo que podría intensificar la tensión institucional entre ambos poderes del Estado.

Algunos venezolanos deportados anteriormente bajo esta ley ya se encuentran recluidos en la principal prisión de El Salvador, un centro penitenciario de máxima seguridad conocido por sus duras condiciones.

 

 

Con información de dw y apnews