Una decisión dividida de la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido a Texas comenzar a arrestar y deportar a personas que ingresan ilegalmente al país. La nueva ley, que no será bloqueada, representa una significativa intrusión en el poder federal para establecer la política de inmigración, según la administración Biden.

A pesar de la solicitud de la administración de suspender la ley mientras se resuelve la batalla legal, más de tres jueces disidentes rechazaron esta petición el martes. Dos jueces principales dejaron abierta la posibilidad de que la administración pueda renovar su solicitud en el futuro.

La medida es un golpe para la administración de Joe Biden, especialmente en un tema que ha sido central en la campaña electoral presidencial de 2024. Encuestas recientes muestran que los votantes critican la gestión de Biden respecto a la frontera, lo que lo convierte en un área clave para su administración.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, expresó la desacuerdo de la administración con la orden del tribunal, argumentando que la ley no solo afectará la seguridad en Texas, sino que también supondrá una carga para las fuerzas del orden y generará caos en la frontera sur.

Texas ha argumentado que la Constitución de Estados Unidos le otorga autoridad para defenderse contra la afluencia de inmigrantes ilegales. La ley SB4, que entró en vigor, permite a los jueces estatales ordenar la salida del país de ciertos inmigrantes indocumentados, asignando a las fuerzas del orden de Texas para garantizar su cumplimiento.

México, por su parte, ha rechazado la decisión de la Corte Suprema y ha declarado que no aceptará repatriaciones desde el estado de Texas. Esta medida podría complicar la aplicación de la ley y provocar tensiones adicionales en la relación entre ambos países.

El caso ha generado un fuerte debate sobre los límites del poder federal en materia de inmigración y sobre el papel de los estados en la aplicación de las leyes migratorias. La decisión de la Corte Suprema marca un hito en el panorama político y legal de la inmigración en Estados Unidos, con implicaciones significativas para el futuro de la política migratoria del país.