Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió este jueves el fallo emitido un día antes por el Tribunal de Comercio Internacional que bloqueaba la implementación de varios aranceles decretados por el presidente Donald Trump. La decisión mantiene vigentes, al menos temporalmente, los gravámenes establecidos contra socios comerciales clave como Canadá, México y China.

El bloqueo original, dictado el miércoles, consideraba que Trump había excedido su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) para imponer las medidas arancelarias. La administración actual respondió con una apelación inmediata y solicitó una orden temporal para detener el efecto del fallo mientras se revisan los argumentos legales del caso.

La suspensión del fallo del Tribunal de Comercio Internacional estará vigente “hasta nuevo aviso”, mientras la Corte de Apelaciones analiza las mociones presentadas por el Gobierno. No obstante, un tribunal federal en el Distrito de Columbia emitió paralelamente otra sentencia que también limita la aplicación de esos mismos aranceles, lo que complica aún más el panorama judicial en torno a esta política comercial.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, criticó la decisión original de los jueces y sostuvo que se trata de una “usurpación” de la autoridad del presidente. Según Leavitt, este tipo de bloqueos judiciales entorpecen la capacidad del Ejecutivo para avanzar en negociaciones diplomáticas y comerciales estratégicas. “Estados Unidos no puede funcionar si el presidente Trump, o cualquier otro presidente, ve sus delicadas negociaciones frustradas por jueces activistas”, afirmó en conferencia de prensa.

La vocera también advirtió a los países que actualmente negocian acuerdos comerciales con Estados Unidos que el presidente “se reserva otras facultades arancelarias” para defender los intereses económicos del país. Esta advertencia refuerza el mensaje de que Washington podría recurrir a otras herramientas legales para mantener presión sobre sus socios internacionales.

Este episodio se suma a una serie de controversias legales en torno al uso de facultades presidenciales para dictar medidas económicas. La situación continúa en desarrollo mientras se espera un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema en caso de que el proceso escale a esa instancia.

Las implicaciones de estas decisiones judiciales podrían tener efectos significativos en el comercio exterior de EE. UU., así como en las relaciones bilaterales con importantes aliados económicos.