Un tribunal de Corea del Sur emitió este martes (31 de diciembre de 2024) una orden de arresto contra el presidente suspendido Yoon Suk-yeol, investigado por declarar brevemente una ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esta decisión marca un hecho histórico, ya que es la primera vez que un presidente en funciones en Corea del Sur, aunque suspendido, enfrenta una orden de arresto.

La orden fue emitida luego de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar sobre los hechos. El dirigente está siendo investigado por cargos de insurrección, un delito que en Corea del Sur puede ser castigado con cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El origen de la crisis se remonta a principios de diciembre, cuando Yoon declaró por sorpresa una ley marcial y desplegó al Ejército en la Asamblea Nacional para garantizar su implementación. Sin embargo, miles de manifestantes se tomaron las calles, y los diputados opositores lograron ingresar al recinto legislativo para rechazar la medida. Esto obligó al presidente a dar marcha atrás, pero la acción generó una grave crisis política y social.

En un informe de los investigadores, se señala que Yoon autorizó el uso de la fuerza militar, incluido disparar si fuera necesario, para tomar el control del Parlamento durante la ley marcial. No obstante, su abogado, Yoon Kab-keun, calificó el informe como un “relato parcial” y aseguró que no refleja las circunstancias reales ni el sentido común.

El pasado 14 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una moción de destitución contra Yoon, pero esta aún debe ser ratificada por el Tribunal Constitucional, que tiene hasta mediados de junio de 2025 para tomar una decisión final. Mientras tanto, el presidente se encuentra suspendido de sus funciones.

Aunque el tribunal aprobó la orden tras 33 horas de deliberación, el tiempo más largo registrado para este tipo de decisiones, su ejecución enfrenta varios obstáculos. Hasta ahora, los servicios de seguridad de Yoon han bloqueado tres intentos de registro en las oficinas presidenciales. La residencia de Yoon, ubicada en el centro de Seúl, ha sido fuertemente custodiada, con un despliegue policial adicional que busca prevenir altercados entre sus detractores y partidarios.

Técnicamente, cualquier persona que obstruya la ejecución de la orden podría ser arrestada. Sin embargo, analistas locales consideran que un arresto inmediato es poco probable y anticipan que los investigadores buscarán coordinar con los servicios de seguridad para garantizar la ejecución del procedimiento.

Yoon Suk-yeol, de 64 años, es un exfiscal que alcanzó popularidad antes de asumir la presidencia, pero su gestión ha estado marcada por controversias y divisiones políticas. Este caso ha generado un intenso debate en Corea del Sur, destacando la fragilidad de sus instituciones frente a crisis de esta magnitud. La resolución final de este proceso tendrá un impacto significativo en el panorama político y en la percepción pública sobre el estado de derecho en el país.