Durante la sesión trimestral del Consejo de Seguridad de la ONU, realizada este martes, se presentó el más reciente informe de la Misión de Verificación en Colombia sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP.

El informe, que evalúa los avances y desafíos del proceso de paz, estuvo acompañado de intervenciones de representantes de varios países miembros del Consejo, quienes manifestaron sus posiciones sobre el rumbo actual de la implementación del acuerdo y la política de seguridad del país sudamericano.

Estados Unidos cuestiona resultados de la política de “paz total”

Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de John Kelley, representante de los Estados Unidos ante la ONU, quien expresó su preocupación por el deterioro creciente de la seguridad en Colombia y cuestionó la eficacia de la estrategia de paz adoptada por el actual Gobierno.

Según Kelley, “la política de paz total no ha arrojado resultados mensurables. Los grupos armados se están dividiendo y están utilizando las conversaciones para ampliar su control territorial y aumentar la producción de cultivos ilícitos, particularmente de coca”.

Estados Unidos reiteró su llamado a que los grupos armados ilegales demuestren un compromiso real con el desarme y la legalidad, dejando atrás actividades delictivas. Kelley subrayó que una estrategia de seguridad firme sigue siendo esencial para evitar la impunidad y ejercer presión sobre estas organizaciones con el fin de lograr avances genuinos en la negociación.

“El progreso en mecanismos de justicia transicional es importante, pero también se requiere mayor urgencia y acciones concretas por parte del Gobierno y los actores armados para alcanzar resultados tangibles”, indicó el delegado estadounidense.

ONU señala implementación insuficiente del Acuerdo de Paz

En la misma sesión, el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, señaló que la falta de una implementación profunda y sostenida del Acuerdo de Paz en los últimos ocho años ha contribuido a la persistencia del conflicto armado interno.

“Si se hubiera implementado el acuerdo de manera más profunda desde 2016, no estaríamos enfrentando las crisis actuales en regiones como el Catatumbo o el Cauca”, manifestó Ruiz Massieu, señalando que las responsabilidades recaen en los tres últimos gobiernos: el de Juan Manuel Santos, Iván Duque y el actual presidente Gustavo Petro.

Ruiz Massieu hizo un llamado a fortalecer los compromisos asumidos en el marco del acuerdo, particularmente en lo relacionado con la protección de los excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto y la sustitución de economías ilícitas.

Catatumbo y Cauca, zonas críticas del conflicto

La sesión del Consejo se desarrolló en un contexto de aumento de la violencia en varias regiones de Colombia, particularmente en el Catatumbo (Norte de Santander) y el departamento del Cauca, donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han provocado una grave crisis humanitaria.

Según datos oficiales presentados ante el Consejo, en los últimos tres meses al menos 64.000 personas han sido desplazadas forzosamente en estas regiones, y se ha reportado la muerte de más de 100 personas, incluyendo firmantes del Acuerdo de Paz.

La ONU reiteró su compromiso con el proceso de verificación y acompañamiento técnico en la implementación de los acuerdos, y subrayó la necesidad de mantener un diálogo efectivo y sostenido entre las partes involucradas para prevenir la escalada del conflicto y proteger los avances logrados en los últimos años.

El informe de la Misión de Verificación en Colombia presentado ante la ONU destaca la persistencia de desafíos estructurales, como la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico, la violencia contra excombatientes y líderes sociales, así como la limitada presencia del Estado en zonas rurales.

Aunque se reconocen algunos avances institucionales en materia de justicia transicional y programas de reincorporación, la Misión insistió en que la paz territorial solo será sostenible si se consolidan acciones efectivas en seguridad, desarrollo rural y participación política.