Las autoridades de Río de Janeiro informaron este sábado (1 de noviembre de 2025) que durante la reciente megaoperación policial contra el narcotráfico, la más mortífera en la historia de Brasil, fueron confiscadas 120 armas de guerra, entre ellas 93 fusiles de alto calibre, valoradas en más de 2,4 millones de dólares. La intervención, realizada el martes en varios complejos de favelas controlados por el Comando Vermelho, dejó un saldo de 117 presuntos delincuentes y cuatro policías muertos.

El*gobierno estatal de Río calificó el operativo como una de las “mayores incautaciones de armamento de guerra en un solo día”, con un arsenal que incluye fusiles AK-47, FAL y otros modelos de uso militar. Además de las armas, las fuerzas de seguridad hallaron municiones, explosivos, drogas y equipos tácticos. Según el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, el material bélico tiene procedencia diversa, incluyendo Venezuela, Argentina, Perú, Bélgica, Rusia y Alemania, y parte de él habría pertenecido a fuerzas armadas extranjeras.

“Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra”, afirmó Curi en un comunicado, en el que agregó que la policía investiga las rutas de tráfico internacional empleadas por los grupos criminales para introducir este armamento en Brasil. Las pesquisas buscan determinar si existen redes de contrabando transnacional vinculadas a organizaciones delictivas brasileñas.

El gobernador Cláudio Castro calificó el resultado como “un éxito” en la lucha contra el narcoterrorismo, mientras encuestas recientes muestran que una mayoría de los brasileños respalda este tipo de intervenciones policiales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de vecinos criticaron la magnitud de la violencia y el alto número de muertes registradas, señalando posibles abusos de autoridad y violaciones a los protocolos de uso de la fuerza.

La ofensiva ocurre a pocos días de que Brasil se prepare para recibir la COP30 en Belém, lo que ha aumentado la atención internacional sobre las políticas de seguridad pública del país. El gobierno federal no ha emitido comentarios sobre la operación, mientras la Fiscalía de Río anunció que supervisará las investigaciones para determinar la legalidad de las actuaciones policiales.

Con información de dw