Una operación de desinformación orquestada desde Rusia destinó al menos 283.000 dólares para publicar más de 250 artículos falsos o manipulados en medios digitales argentinos entre junio y octubre de 2024, según reveló una investigación internacional liderada por openDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks. El objetivo: minar la credibilidad del modelo económico del presidente Javier Milei en plena campaña previa a las elecciones legislativas.

La operación, bautizada internamente como “La Compañía”, no solo implicó pagos directos a portales de noticias, sino también la creación de firmas periodísticas falsas, perfiles con fotos generadas por inteligencia artificial y la difusión de noticias diseñadas para exacerbar tensiones sociales y diplomáticas.

Los documentos filtrados —76 en total— detallan tarifas que iban desde 350 hasta 3.100 dólares por artículo, distribuidos en más de 20 medios digitales, entre ellos Infobae, Ámbito, C5N, A24, El Destape y Diario Con Vos. Aunque todos los medios contactados negaron recibir dinero ruso directamente, varios admitieron haber publicado contenidos provenientes de agencias o consultoras sin un control editorial riguroso.

Entre las identidades falsas identificadas figuran Manuel Godsin, supuesto doctorado en la Universidad de Bergen (Noruega), cuya foto corresponde al ciudadano ruso Mikhail Malyarov; y Gabriel di Taranto, autor de 20 artículos en tres medios, aunque la universidad donde supuestamente hizo un posgrado desmintió cualquier vínculo.

La estrategia de desinformación se centró en temas sensibles: el impacto social de las políticas de austeridad, la caída del poder adquisitivo y las relaciones con países vecinos. Varios textos incluían críticas a Estados Unidos y referencias favorables a Rusia, en línea con los intereses geopolíticos del Kremlin.

Uno de los episodios más graves fue la fabricación de una supuesta crisis diplomática entre Argentina y Chile. Un documento revela que la red planeó difundir que Milei había enviado un “grupo de sabotaje” para atacar el gasoducto transandino. La noticia, publicada el 23 de agosto de 2024 en El Destape bajo el nombre de Fernanda Velázquez —una firma sin rastro digital más allá de esa publicación—, fue replicada por al menos dos medios chilenos antes de ser desmentida.

La investigación establece vínculos directos con el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) y con estructuras del extinto Grupo Wagner, liderado por el fallecido Yevgeny Prigozhin. Uno de los coordinadores en Argentina habría sido Alexey Evgenievich Shilov, excontratista de Wagner, quien según sus propios registros organizó operaciones para “desacreditar la política proucraniana” del gobierno argentino.

También están bajo sospecha Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Yakovenko, ciudadanos rusos residentes en Buenos Aires, identificados como líderes locales de la red. Hasta el cierre de esta edición, ambos permanecen en el país, mientras la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirma que el caso fue investigado en 2025 y derivado a la justicia.

El presidente Javier Milei, cuyo gobierno ha mantenido una postura claramente alineada con Estados Unidos y en apoyo a Ucrania, calificó el hallazgo como “una gravedad institucional” y anunció que su administración trabajará para identificar a todos los actores involucrados, tanto directos como indirectos.

La revelación pone en jaque la integridad del ecosistema mediático argentino y plantea serias preguntas sobre la regulación de contenidos, la verificación de fuentes y la infiltración de actores extranjeros en procesos democráticos.

Mientras tanto, expertos en seguridad cibernética advierten que este tipo de operaciones no son aisladas, sino parte de una estrategia global de guerra híbrida que utiliza la desinformación como arma. Argentina, en plena transición económica y con un escenario político polarizado, se convierte en un nuevo frente en esta batalla invisible.