El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, ha ordenado un refuerzo significativo de los controles en las fronteras exteriores del país, implementando una política que permite rechazar a solicitantes de asilo que no presenten documentos válidos o que hayan presentado solicitudes previas en otros países de la Unión Europea.

La disposición firmada por Dobrindt, miembro del partido conservador Unión Social Cristiana (CSU), otorga a la Policía Federal alemana la facultad de rechazar a los solicitantes en las fronteras, aunque no la obligación de hacerlo, permitiendo decisiones caso por caso.

Las nuevas medidas incluyen excepciones humanitarias para grupos vulnerables. Mujeres embarazadas, personas enfermas, menores no acompañados y otros grupos considerados vulnerables quedarán exentos de los posibles rechazos fronterizos.

Esta política migratoria representa una promesa central de campaña del actual canciller Friedrich Merz, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), quien había anunciado rechazos fronterizos desde su primer día de gobierno.

Thorsten Frei, jefe de la Cancillería y ministro de Asuntos Especiales, justificó la medida señalando la necesidad de reducir la migración a “un nivel tolerable”, ante las quejas de numerosas ciudades y municipios sobre escuelas saturadas, aumento de costos habitacionales y un sistema sanitario sobrecargado.

El objetivo expresado por el ministro Dobrindt es doble: disuadir a los migrantes de intentar llegar a Alemania y presionar a los países vecinos para que detengan el tránsito hacia territorio alemán.

Los rechazos fronterizos han generado controversia jurídica. Por un lado, el artículo 18 de la Ley de Asilo alemana permite denegar la entrada a extranjeros provenientes de terceros países seguros, categoría que incluye a todos los países vecinos de Alemania.

Sin embargo, la normativa europea establece que primero debe determinarse qué Estado es responsable de procesar la solicitud de asilo, generalmente el país de primera entrada a la UE.

Una posible base legal alternativa sería el artículo 72 del Tratado de la UE sobre “emergencias”, que permite desviarse temporalmente de la legislación comunitaria para “mantener el orden público y proteger la seguridad interior”, aunque el propio canciller Merz ha negado haber declarado un estado de emergencia.

Las reacciones políticas han sido predeciblemente polarizadas. Katharina Dröge, colíder de Los Verdes, calificó los rechazos como “evidentemente contrarios al derecho europeo”, mientras que La Izquierda, a través de su líder parlamentario Sören Pellmann, expresó duras críticas.

El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), parte de la coalición gobernante, ha pedido principalmente una estrecha coordinación con los países vecinos. En el extremo opuesto, Alternativa para Alemania (AfD) considera insuficientes las medidas, con su líder Alice Weidel acusando a Merz de ceder ante el SPD.

Países como Polonia y Suiza han expresado preocupación por tener que readmitir un gran número de migrantes rechazados en la frontera alemana. No obstante, Merz ha insistido en que las medidas están coordinadas con los países vecinos europeos.

Según el diario Bild am Sonntag, en los primeros dos días tras la orden de Dobrindt (8 y 9 de mayo de 2025), la Policía Federal alemana registró 365 entradas no autorizadas en todas las fronteras. De estas, 286 migrantes fueron devueltos, incluidos 19 solicitantes de asilo. Los principales motivos de rechazo fueron visados no válidos, documentos falsificados o prohibiciones previas de entrada. Solo cuatro personas fueron clasificadas como “vulnerables” y se les permitió ingresar.

Adicionalmente, fueron detenidos provisionalmente 14 traficantes de personas, se ejecutaron 48 órdenes de arresto pendientes y se detuvo a nueve personas vinculadas a extremismo o islamismo.

Esta nueva política marca un claro contraste con la postura adoptada en 2015 bajo la excanciller Angela Merkel, cuando Alemania decidió no rechazar a solicitantes de asilo en plena crisis de refugiados sirios.

 

 

Con información de dw