El Consejo de Estado ha admitido una acción de tutela en contra de los artistas colombianos involucrados en la canción “+57”. Los demandantes argumentan que el contenido de la pieza musical vulnera los derechos de los menores de edad y solicitan la intervención de entidades estatales, así como un pronunciamiento público de los artistas implicados.

Lo que inicialmente se concibió como un homenaje al reguetón colombiano y una muestra de unidad entre sus exponentes, ha generado controversia y rechazo en ciertos sectores. La discusión en torno a la letra de la canción ha escalado hasta el ámbito judicial, dando lugar a la acción de tutela recientemente admitida por el Consejo de Estado.

Los artistas mencionados en la acción legal son Bryan David Castro Sosa (Ryan Castro), Carolina Giraldo Navarro (Karol G), José Álvaro Osorio Balvin (J Balvin), Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Dylan Ferney Zambrano Montaño (DFZM), Salomón Villada Hoyos (Feid), Stiven Mesa Londoño (Blessd) y los productores Kevin Mauricio Cruz Moreno (Keityn) y Daniel Echavarría Oviedo (Ovy On The Drums).

Exigencias de los demandantes

Los ciudadanos que interpusieron la acción de tutela han solicitado que los artistas ofrezcan disculpas públicas por los supuestos daños causados y que se comprometan a generar contenido que no vulnere los derechos de los menores de edad. Además, exigen el retiro del videoclip de la canción de las plataformas digitales, argumentando que el material forma parte de la propiedad intelectual de los demandados y que es factible su eliminación.

Según el documento radicado, los accionantes buscan la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el trato digno y, especialmente, los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

Si bien la acción de tutela fue presentada en noviembre del año pasado, el Consejo de Estado apenas recibió y admitió formalmente la demanda en las últimas semanas. En consecuencia, el alto tribunal ha requerido a los artistas mencionados que presenten los informes correspondientes para esclarecer los hechos denunciados por los demandantes.

El desenlace de este proceso podría sentar un precedente en la regulación del contenido musical en Colombia y su impacto en audiencias vulnerables. Se espera que, en los próximos días, tanto los artistas como las entidades estatales involucradas emitan sus respuestas ante el tribunal.