Tras la suspensión provisional del decreto que fijaba un incremento del 23,7% para el salario mínimo de 2026, el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunieron este lunes 16 de febrero para intentar consensuar un nuevo decreto transitorio.

Al término del encuentro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que existe una opinión mayoritaria entre los empresarios según la cual sería equivocado expedir un decreto que modifique el incremento cercano al 23%. En la misma línea, indicó que las centrales sindicales respaldan mantener el aumento.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que el salario mínimo vital es un derecho adquirido y defendió la necesidad de avanzar en un pacto por la equidad y la justicia social. Desde el Gobierno se ha reiterado que el ajuste debe respetar el carácter de salario “vital y móvil”, como lo establece la Constitución.

El presidente Gustavo Petro ha defendido la legalidad y conveniencia económica del incremento, negando que haya generado presiones inflacionarias o aumento del desempleo, y llamó a mantener la concertación.

Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, su presidente Bruce Mac Master advirtió que desmontar el aumento sería delicado, aunque consideró irresponsable promover un nuevo ajuste. Señaló que el alza ya beneficia a cerca de 2,4 millones de trabajadores y está incorporada en sus ingresos.

En contraste, la Fenalco, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, pidió ceñirse estrictamente a la decisión del Consejo de Estado y a la Ley 278 de 1996. Advirtió que un aumento desproporcionado podría poner en riesgo más de 700.000 empleos formales y afectar a más de un millón de mipymes.

El Gobierno mantiene la convocatoria a movilizaciones ciudadanas el 19 de febrero, mientras continúan las discusiones sobre el nuevo decreto.