En un esfuerzo por reducir los costos operativos para las empresas y fomentar el uso de la banca formal, los representantes Christian Garcés (Centro Democrático), Katherine Miranda (Alianza Verde) y Armando Zabarain (Partido Conservador) han presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que busca eliminar gradualmente el gravamen a los movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4×1000.

El proyecto propone una eliminación progresiva del 4×1000 a partir del año 2026. Según el documento radicado, la reducción comenzaría con una disminución de 0,5 por mil cada año. Esto significaría que en 2026 el impuesto se reduciría a 3,5×1000, en 2027 a 3×1000, y así sucesivamente hasta llegar a 0 en el año 2033.

Los congresistas autores de la propuesta argumentan que el GMF es un impuesto antitécnico que encarece las transacciones financieras y desincentiva el uso de la banca formal. Además, señalan que este tributo genera mayores costos operativos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), afectando su competitividad en el mercado.

El gravamen a los movimientos financieros, que inicialmente fue concebido como un impuesto temporal, se ha mantenido vigente desde su creación en 1998. En 2023, el GMF generó un recaudo de $14 billones, y para mayo de 2024, ya se habían recaudado $5,9 billones. Debido a su significativo aporte al presupuesto nacional, la eliminación de este impuesto se plantea de manera gradual, permitiendo al Estado ajustar sus finanzas.

El proyecto de ley estima que la reducción anual del impuesto, que equivale a 0,05%, representaría una disminución en el recaudo de aproximadamente $1,75 billones por año. Sin embargo, los proponentes confían en que esta cifra podría ser compensada a través de la reinversión de los recursos que las empresas dejarían de pagar en impuestos, estimulando así la economía.

Katherine Miranda, una de las impulsoras de la iniciativa, destacó que el GMF, aunque se introdujo como una medida temporal, se ha convertido en un impuesto permanente que ha generado distorsiones en los costos financieros de los bancos, disminuyendo la bancarización y precarizando a aquellos que logran mantenerse dentro del sistema financiero.

“Este impuesto temporal se volvió permanente, creando distorsiones en los costos financieros de los bancos, disminuyendo la bancarización y precarizando a quienes logran mantenerse dentro del sistema financiero”, afirmó Miranda.

El debate ahora se traslada al Congreso, donde se discutirá la viabilidad de eliminar uno de los impuestos más controvertidos del país.