El Centro de Estudios Económicos Anif alertó sobre los efectos negativos que tendría la propuesta del Gobierno Nacional de aplicar un impuesto del 1,5% a las transferencias electrónicas. Según el organismo, la medida pondría en riesgo los avances del país en inclusión financiera y digitalización de la economía, además de incentivar el retorno al uso del dinero en efectivo.

De acuerdo con el análisis publicado por Anif, la iniciativa del Ministerio de Hacienda —que busca unificar la retención en la fuente para pagos electrónicos y con tarjeta— “terminaría castigando el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en lugar de promoverlas”. El informe advierte que la medida podría generar un sesgo en contra de los canales digitales, desincentivando el uso de billeteras electrónicas, códigos QR y transferencias, justo cuando estas plataformas ganaban mayor confianza entre los consumidores colombianos.

“Los incentivos terminan puestos en el lugar equivocado”, señaló la entidad, al destacar que un impuesto de este tipo encarece las operaciones digitales y reduce su atractivo frente al efectivo, considerado el método menos seguro y más difícil de rastrear.

Anif también destacó el impacto que la propuesta podría tener sobre el sistema Bre-B, desarrollado por el Banco de la República para modernizar la infraestructura de pagos del país y mejorar la interoperabilidad entre bancos, siguiendo modelos exitosos como el Pix de Brasil. “Esta red, llamada a impulsar la eficiencia y la inclusión, podría ver debilitada su adopción si los costos fiscales terminan desincentivando su uso entre comercios y consumidores”, advirtió el informe.

El centro de estudios recordó que Colombia enfrenta aún altos niveles de informalidad —más del 60% de los trabajadores no cotiza al sistema formal— y que millones de transacciones siguen ocurriendo por fuera del sistema financiero. En ese contexto, alertó que cualquier carga adicional a los pagos digitales puede aumentar las brechas en lugar de cerrarlas.

Anif propuso eliminar la retención del 1,5% en lugar de ampliarla, argumentando que una política fiscal coherente con la transformación tecnológica del país puede generar beneficios a mediano y largo plazo. Según las proyecciones del estudio, si se eliminara el impuesto, el Estado dejaría de percibir alrededor de 5.621 millones de pesos en 2026, principalmente por operaciones de pequeños comercios que no declaran formalmente. Sin embargo, el balance cambiaría con el tiempo.

“Hacia 2028, el balance se tornaría favorable y, para 2034, el efecto acumulado sería positivo en 223.469 millones de pesos, a precios de 2025”, estimó la entidad.

**Vía Colprensa