El proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional para cubrir un déficit de 12 billones de pesos en el presupuesto de 2025 enfrenta crecientes obstáculos en las comisiones económicas del Congreso. La posibilidad de su aprobación es cada vez más remota, lo que podría derivar en recortes significativos en sectores clave el próximo año.

La reforma tributaria que lidera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha enfrentado constantes tropiezos desde su radicación en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes hace dos meses. Pese a los intentos del gobierno por generar consenso a través de reuniones con congresistas en Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, la asistencia y el respaldo político han sido limitados.

El martes pasado, apenas ocho de los 38 congresistas convocados asistieron a una reunión clave con el ministro Bonilla. Aunque en un desayuno posterior se logró una mayor participación, los avances en las discusiones han sido superficiales y sin resoluciones formales, debido a la falta de resoluciones legales de las mesas directivas del Senado y la Cámara.

El gobierno plantea recaudar los 12 billones de pesos necesarios mediante varios mecanismos:
– Flexibilización de la regla fiscal para obtener préstamos por 5,3 billones de pesos.
– Impuestos a las apuestas en línea, con una proyección de recaudo de 2 billones de pesos.
– Incremento del impuesto al carbono, con un estimado de 1,8 billones de pesos.
– Ampliación del impuesto al patrimonio y gravámenes a vehículos híbridos.

Sin embargo, estas medidas han enfrentado resistencia en el Congreso. Partidos como el Liberal, Conservador y Verde han expresado objeciones a varias de estas propuestas, argumentando que podrían tener impactos negativos en los consumidores y sectores clave de la economía.

Escenarios posibles

Ante el rechazo a buena parte de las propuestas, las comisiones económicas consideran alternativas como una reforma tributaria más reducida, que recaude entre **5 y 6 billones de pesos**. Esto incluiría medidas como la flexibilización de la regla fiscal y una regulación más detallada de las apuestas en línea.

Además, los congresistas han propuesto liberar recursos del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) para que los gobernadores y alcaldes puedan disponer de fondos adicionales, y establecer un plan de amnistías para deudores de impuestos vehiculares y de tránsito.

El gobierno, consciente de la dificultad para sacar adelante una reforma completa, evalúa estas opciones como posibles soluciones parciales.

Ante el probable hundimiento de la ley de financiamiento, el Ministerio de Hacienda trabaja en un plan de contingencia que incluye la posibilidad de decretar el presupuesto de 2025 por 523 billones de pesos, según lo permite la ley en caso de que el Congreso no lo apruebe. Este decreto podría publicarse en diciembre, pero implicaría recortes significativos en inversiones y operaciones gubernamentales.

En el escenario más adverso, Hacienda prevé congelar y recortar gastos por al menos 12 billones de pesos. Esto podría afectar rubros como infraestructura, educación y salud. Por ejemplo, en junio de 2024, ya se había congelado un presupuesto de 20 billones, y en noviembre, se sumó un recorte adicional de 33 billones de pesos debido a la falta de recursos.

El Comité de la Regla Fiscal (Carf) advierte que para cumplir con los compromisos de estabilidad fiscal en 2025, el gobierno deberá hacer recortes adicionales de hasta 39,1 billones de pesos. Esto se suma a un entorno internacional de creciente desconfianza frente a la capacidad de Colombia para mantener sus finanzas públicas bajo control.

Además, el recaudo tributario enfrenta desafíos significativos. Entre enero y septiembre de 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó una caída del 8,1 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que agrava aún más las dificultades fiscales del país.