Tras casi dos años desde la implementación del decreto 050 de 2023, que congeló el aumento de las tarifas de peajes, el gobierno colombiano sigue enfrentando presiones fiscales significativas. Aunque se ajustaron las tarifas para 2024 basándose en el IPC de 2022, todavía no se ha realizado el aumento correspondiente al IPC de 2023, que fue del 9,28%.

Se esperaba que el reajuste se implementara este lunes, según un borrador de decreto publicado a finales del año pasado. Sin embargo, el aumento no se materializó, exacerbando la situación financiera del gobierno. Según el Ministerio de Transporte, no se había comprometido una fecha específica para este ajuste y actualmente se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda para determinar el momento adecuado para su implementación.

El retraso en el aumento de las tarifas de peajes está creando un déficit proyectado de $440,000 millones de pesos, lo que representa ingresos que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) dejarían de percibir para fin de año. Este déficit obliga al Estado a destinar recursos adicionales que podrían haberse utilizado en otros sectores críticos.

Las concesionarias y el sector de obras civiles han insistido en la necesidad urgente de ajustar las tarifas de peajes. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), destacó la importancia de actualizar las tarifas para mantener la confianza de los inversionistas y los financiadores internacionales. Caicedo subrayó que el modelo de concesiones de Colombia ha sido reconocido como uno de los más exitosos a nivel mundial, y cualquier alteración en las reglas del juego podría afectar negativamente este prestigio.

¿Qué dicen los líderes del sector?

Mauricio Millán, gerente de Covipacífico, enfatizó que el aumento en las tarifas de peajes es crucial para mantener la relación de confianza con los inversionistas. Señaló que esta confianza es esencial para la financiación a largo plazo de proyectos de infraestructura. Santiago Pérez Buitrago, gerente general de la concesión Pacífico 3, agregó que la seguridad jurídica y el cumplimiento de las condiciones contractuales son fundamentales para la estabilidad del modelo concesionado.

Gustavo Bernal, gerente general de la concesión Pacífico 2, destacó que el retraso en el ajuste de las tarifas de peajes afecta no solo las finanzas del Estado sino también la equidad en el pago de los peajes. Argumentó que mantener los peajes congelados implica que todos los colombianos, incluso aquellos que no utilizan las vías concesionadas, terminan pagando indirectamente por su mantenimiento.

Además de las presiones para aumentar las tarifas de peajes, el gobierno enfrenta desafíos relacionados con posibles cambios en el modelo concesionado. Se ha discutido la implementación de un nuevo mecanismo de financiación que podría complementar o reemplazar el esquema actual de vigencias futuras. Millán sugirió que cualquier nueva herramienta de financiación debe ser considerada adicional y no cambiar las reglas establecidas.

Bernal expresó su optimismo de que el Estado seguirá cumpliendo con sus compromisos contractuales, lo cual es esencial para mantener la confianza de los bancos internacionales. Sin embargo, reconoció que la implementación de nuevos mecanismos de recaudación puede ser compleja y requiere un enfoque cuidadoso.