A partir de agosto, las facturas de servicios públicos en Colombia dejarán de llegar en papel a la puerta de su casa. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha emitido la Resolución 008 de 2024, que obliga a las empresas de servicios públicos, incluyendo gas, agua, luz y telecomunicaciones, a adoptar la facturación electrónica. Esta medida forma parte de una iniciativa más amplia para eliminar progresivamente el papel en la facturación y adoptar tecnologías más eficientes y sostenibles.

La Resolución 008 de 2024, emitida en mayo, establece que todas las empresas de servicios públicos deben generar y tramitar sus facturas de manera electrónica. Este cambio busca modernizar el sistema de facturación en el país y reducir el uso de papel, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y a la eficiencia administrativa.

Las empresas de servicios públicos tendrán un periodo de habilitación y estabilización para adaptar sus sistemas a este nuevo modelo de facturación. Durante este tiempo, podrán realizar pilotos para eliminar gradualmente la factura en papel y evaluar el funcionamiento de sus sistemas en relación con la DIAN. Este periodo de transición es crucial para asegurar que tanto las empresas como los usuarios se adapten sin problemas al nuevo sistema.

Uno de los aspectos importantes que las empresas deberán considerar es cómo garantizar que los usuarios sin acceso a medios electrónicos puedan recibir sus facturas y obtener detalles sobre sus consumos, servicios adicionales, subsidios y demás. Las empresas tendrán que implementar mecanismos alternativos para asegurar que todos los usuarios tengan acceso a la información necesaria, independientemente de su acceso a la tecnología.

Para las empresas que adopten la facturación electrónica, habrá beneficios significativos, como la posibilidad de deducir impuestos. Esto representa un incentivo importante para que las empresas implementen el nuevo sistema de manera rápida y eficiente, aprovechando las ventajas fiscales que se ofrecen.

Opciones

No obstante, en casos donde los usuarios rechacen la facturación electrónica, las empresas estarán obligadas a continuar ofreciendo la factura en papel. Sin embargo, estas facturas impresas deberán incluir un Código Único de Factura Electrónica (CUFE) y un código QR, asegurando así que también se mantenga la accesibilidad y trazabilidad de la información.