La propuesta del Gobierno colombiano de aplicar una retención del 1,5 % a los pagos digitales y electrónicos ha generado preocupación entre expertos y gremios del sector financiero, quienes advierten que la medida podría desincentivar el uso de herramientas como Bre-B, la plataforma de pagos inmediatos del Banco de la República, y revertir los avances en inclusión financiera.

El Ministerio de Hacienda trabaja en un decreto que busca unificar la retención en la fuente sobre las ventas de bienes y servicios realizadas mediante tarjetas o canales digitales, incluyendo billeteras como Nequi, Daviplata o la propia Bre-B. La cartera argumenta que la medida pretende “igualar el tratamiento tributario” entre distintos medios de pago.

Sin embargo, analistas y asociaciones financieras señalan que la decisión podría tener efectos contraproducentes. De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la medida “castiga la innovación y favorece el uso del efectivo”, en un país donde **seis de cada diez trabajadores son informales** y dependen del dinero en efectivo para sus transacciones diarias.

Según el presidente de ANIF, José Ignacio López, imponer retenciones a los pagos digitales “representa un retroceso en la digitalización y en la formalización de la economía”. El centro de estudios advirtió que la medida pone en riesgo el avance del sistema Bre-B, recientemente implementado para facilitar transferencias inmediatas entre entidades financieras.

El análisis conjunto de ANIF y Colombia Fintech señala que, si se eliminara la retención a los pagos digitales, el impacto fiscal negativo sería solo temporal. Aunque el recaudo se reduciría en $5.621 millones hasta 2026, el balance acumulado podría ser positivo en $223.469 millones hacia 2034, gracias al crecimiento del uso de medios electrónicos y al aumento de la formalización económica.

“El Gobierno prefiere atender necesidades fiscales inmediatas, sacrificando avances estructurales en inclusión financiera”, concluye el estudio.

Por su parte, el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, sostuvo que la medida “va en contra del propósito de interoperabilidad y eficiencia” con el que fue concebido el sistema Bre-B. “Si se aplica una retención del 1,5 %, se desincentiva el uso de los pagos digitales y se premia al efectivo, que no paga ningún impuesto”, afirmó.

Santos recordó que, según el Banco de la República, el 80 % de las transacciones en Colombia aún se realizan en efectivo, mientras que solo el 14 % se efectúa mediante transferencias electrónicas y un 6 % con tarjetas. “Para un micronegocio, cada punto de retención afecta su flujo de caja. Eso puede empujar nuevamente a la informalidad”, agregó.

El dirigente gremial citó como referencia el caso de Brasil, donde la sola intención de gravar la plataforma de pagos instantáneos Pix redujo el volumen de operaciones en un 15,3 % en dos semanas.

Desde el ámbito académico, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, afirmó que Colombia es “uno de los pocos países que grava las transacciones financieras”, lo cual desalienta la bancarización. “Lanzar una retención justo cuando se impulsa Bre-B es contradictorio, porque erosiona la confianza en una plataforma pública creada para facilitar los pagos y reducir el uso del efectivo”, sostuvo.

Con información de el colombiano