En medio de la controversia generada por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una posible ley que destinaría parte de los ahorros de los colombianos a la banca pública, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha salido a ofrecer explicaciones y tranquilizar a los ahorradores del sistema financiero nacional.

La propuesta, que busca financiar sectores como el turismo y la industria, implicaría que los bancos estarían obligados a adquirir títulos de la banca pública por un valor aproximado de 35 billones de pesos. Bonilla enfatizó: “Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación. No es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos”.

El ministro comparó este mecanismo con el ya existente en el sector agropecuario, donde desde hace 34 años se utilizan los títulos de desarrollo agropecuario. Según datos de Finagro, actualmente el país cuenta con unos 26 billones de pesos en estos títulos, que han permitido financiar diversas líneas de crédito tanto en el Banco Agrario como en la banca comercial.

Adicionalmente, el Gobierno planea dar un paso más en la reorganización del sector financiero estatal. “Estamos en el proceso de declarar al Grupo Bicentenario como un Holding Financiero donde estarán las empresas del Estado”, explicó Bonilla.

Aunque el presidente Petro ha mencionado reiteradamente la idea de las inversiones forzosas, aún no se ha presentado un proyecto de ley concreto. El ministro Bonilla indicó: “Ese es el proyecto que está organizándose y con el cual iniciamos una discusión abierta con el sector financiero y con otros sectores”.

El proceso legislativo necesario para implementar esta propuesta podría llevar tiempo. “Llevarlo al Congreso implica un proceso en el cual el Congreso lo apruebe, el Banco de la República reglamente y otras cosas. Eso lleva tiempo”, añadió el ministro, señalando que actualmente se encuentran en negociaciones con los banqueros para explorar formas ágiles de avanzar en este proceso.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, ha sugerido “optimizar lo que ya existe” en lugar de crear nuevos mecanismos, lo que podría indicar un enfoque más moderado en la implementación de estas medidas.