El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronunció sobre la polémica reforma constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones, después de que negara el aval fiscal al proyecto por considerar que comprometía la regla fiscal.

En un comunicado, la cartera económica aclaró que sus conceptos técnicos emitidos hasta el momento se basaban en los textos aprobados en los debates, donde no estaba claramente definida la relación entre la ley de competencias y la entrada en aplicación del Acto Legislativo en caso de ser aprobado.

La entidad aseguró que su preocupación era evitar un escenario en el que la Nación tuviera que distribuir más recursos sin la debida transferencia de competencias. Sin embargo, ahora afirma que la reforma irá de la mano con un proyecto de ley de competencias que permita transferir funciones y garantice la sostenibilidad fiscal.

El Ministerio de Hacienda había negado el aval fiscal al proyecto porque consideraba que podría generar un desbalance fiscal y poner en riesgo la provisión, calidad y continuidad de los servicios, la inversión social en el país y el uso eficiente y equitativo de los recursos. La cartera estimó que la propuesta representaría un costo fiscal acumulado para la nación de $327,6 billones a precios corrientes, equivalentes a $188 billones a precios constantes de 2023, lo que significa 11,7 puntos porcentuales del PIB.

Ahora, la entidad asegura que el alcance de los debates y la correspondiente ley de competencias derivada del Proyecto de Acto Legislativo deben contemplar el artículo 334 de la Constitución Política, que establece que la orientación de la economía estará a cargo del Estado y que sus intervenciones corresponden a mandatos de ley, buscando promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones, en un marco de colaboración armónica y cumplimiento del marco de sostenibilidad fiscal.

La reforma constitucional del Sistema General de Participaciones ha generado un intenso debate en el país, con algunos sectores argumentando que es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal y otros afirmando que puede afectar la provisión de servicios y la inversión social en las regiones.

Con información de la república