Frente al Ministerio de Ambiente en Bogotá, cientos de mineros y campesinos de siete departamentos expresaron su rechazo al polémico Decreto 044 de 2024, que establece nuevas Áreas de Reserva Temporal en territorio colombiano.

La movilización, que congregó a habitantes de Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Chocó, denuncia que la medida gubernamental amenaza la subsistencia de más de 100,000 familias que dependen de la minería tradicional y la agricultura.

“El gobierno ha implementado este decreto de manera unilateral, sin realizar los estudios técnicos necesarios ni establecer un diálogo con nuestras comunidades”, manifestaron los líderes de la protesta, señalando una presunta violación al Acuerdo de Escazú, tratado que garantiza la participación ciudadana en decisiones ambientales.

El impacto del decreto se refleja con particular intensidad en Santander, donde más de 78,000 hectáreas distribuidas en seis municipios quedarían bajo restricciones que, según los manifestantes, pondrían en riesgo las actividades económicas tradicionales de la región.

“La minería ancestral y la agricultura son nuestra única fuente de sustento. Si nos prohíben continuar con estas actividades, miles de familias quedaremos en la pobreza y nos veremos forzados a abandonar nuestros territorios”, expresó uno de los voceros de la manifestación.

La protesta, que se concentró en la calle 37 con carrera 13 de la capital colombiana, se centró en la derogación inmediata del decreto y la apertura de espacios de diálogo que permitan construir soluciones consensuadas