Trece gremios del sector minero-energético de Colombia han expresado su preocupación ante el Consejo de Estado por los efectos negativos que podría generar el Decreto 044 de 2024, emitido por el Ministerio de Ambiente. La normativa, que busca imponer restricciones en las denominadas “áreas de reserva temporal”, ha sido señalada por los gremios como una medida que carece de sustento técnico y de un proceso participativo con las comunidades afectadas.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM), junto con otras 12 organizaciones del sector, presentó un documento en el que argumentan que el decreto genera incertidumbre jurídica y pone en riesgo la viabilidad de la minería en el país. Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, subrayó que “esta prohibición no cuenta con estudios técnicos rigurosos ni con el diálogo adecuado con las autoridades locales y las comunidades”.

El documento presentado advierte que la medida del Gobierno es desproporcionada y carece de fundamentación sólida, lo que ha generado un ambiente de arbitrariedad. Nariño también destacó que una prohibición territorial como esta establece un precedente negativo para cualquier industria que busca operar bajo normativas claras y justas.

Entre los gremios firmantes del documento destacan la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), la Federación Nacional de Productores de Carbón (FENALCARBÓN) y la Federación Nacional de Esmeraldas (FEDESMERALDAS), entre otros.

Los representantes del sector minero concluyeron su intervención solicitando al Gobierno que revise el decreto y restablezca el diálogo con los actores involucrados, ya que consideran que este tipo de decisiones no solo afecta la actividad minera, sino también el desarrollo económico de las regiones que dependen de esta industria.