El borrador del decreto de emergencia económica que prepara el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de recaudar aproximadamente $16 billones, ha desatado una controversia técnica en el sector financiero. La pieza central del debate es la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, una figura tributaria que analistas y gremios califican de inusual en el panorama internacional.

Expertos como Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, y José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), han puesto sobre la mesa un estudio del Banco de la República que analiza los efectos históricos de medidas similares en Colombia.

El informe del emisor tomó como referencia la reforma implementada en 2010 para enfrentar la crisis climática de “La Niña”. Aunque en ese momento el recaudo se duplicó al ampliar la base de contribuyentes, los resultados a largo plazo para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) fueron, según el estudio, contraproducentes.

El Banco de la República concluyó que gravar el patrimonio de firmas no financieras con alta dependencia del crédito bancario genera distorsiones profundas. El análisis, basado en registros de préstamos y balances regulatorios, determinó que las empresas sujetas al tributo enfrentaron condiciones de financiamiento más estrictas en comparación con aquellas que quedaron fuera del umbral gravable.

Más allá de los balances contables, el informe advierte sobre el impacto en la economía real. Las empresas gravadas registraron disminuciones significativas en ingresos, inversión y acumulación de capital.

El actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, debe revisar el borrador definitivo de la emergencia económica en los próximos días. Mientras el Gobierno argumenta que estos recursos son indispensables para sanear la deuda pública y mantener la inversión social, los técnicos insisten en que gravar el capital empresarial podría comprometer la recuperación económica a mediano plazo.

El informe del Banco de la República concluye de manera tajante que esta carga impositiva desestimula la formación de capital y opera como un factor de distorsión que afecta tanto el flujo financiero como el desempeño productivo del país.

Con información de la república