El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió este viernes una resolución que somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, implementando una medida excepcional y transitoria orientada a proteger a los productores nacionales del sector arrocero.

La decisión cuenta con el concepto favorable de la Superintendencia de Industria y Comercio, que determinó que el acto administrativo cumple objetivos constitucionales “relacionados con la protección especial del campesinado, la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria, y la promoción del desarrollo rural integral como manifestación del interés general”.

La nueva regulación establece un precio mínimo de referencia para el arroz paddy verde basado en los costos de producción y las condiciones específicas de cada zona geográfica del país.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que “este acto administrativo, cuya naturaleza es excepcional y transitoria, será objeto de monitoreo permanente por parte de este Ministerio”. La funcionaria anunció además la implementación de una estrategia integral que incluye un régimen regulado para el arroz blanco, un plan de choque contra el contrabando y otras medidas bajo responsabilidad del Ministerio de Comercio.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, detalló el compromiso gubernamental de “evaluar la viabilidad de medidas concretas para promover la estabilidad del sector arrocero y garantizar la efectividad de la regulación de precios”.

Morales precisó que desde el MinComercio se realizará “el análisis de instrumentos de defensa comercial y la implementación de mecanismos de control aduanero para combatir prácticas ilegales que pueden generar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos”.

La resolución establece los siguientes precios mínimos por tonelada de arroz paddy verde, diferenciados por zona geográfica:

– Bajo Cauca: $1.491.478
– Centro: $1.589.489
– Costa Norte: $1.512.785
– Llanos: $1.457.387
– Santanderes: $1.555.398

Esta diferenciación regional reconoce las particularidades productivas y logísticas de cada zona arrocera del país.

La nueva normativa establece la obligación para todos los compradores de reportar semanalmente información detallada a través de la plataforma Siriarroz. Los datos requeridos incluyen precios pagados, volumen adquirido, municipio de compra, planta o molino receptor, así como las condiciones, plazos de pago y modalidades de financiamiento utilizadas.

Este sistema de monitoreo busca garantizar transparencia en las transacciones comerciales y facilitar el seguimiento efectivo de la implementación de la medida regulatoria.

La resolución establece que el incumplimiento de las disposiciones será reportado a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad competente para adelantar las actuaciones sancionatorias correspondientes conforme a la normatividad vigente.

Con información de la república