El Gobierno Nacional ha presentado al Congreso sus propuestas para reformar las leyes que regulan el cobro del impuesto predial en el país. Estas modificaciones se centran en los límites de los incrementos del impuesto,

buscando brindar un marco más equitativo y transparente para los contribuyentes. Durante una reunión liderada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reveló el documento que contiene los cambios al proyecto de ley 292 del 2023.

Una de las principales modificaciones propuestas es la reducción de los porcentajes de incremento del Impuesto Predial Unificado (IPU) para diferentes categorías de predios que actualicen su catastro. Estos porcentajes variarán según el avalúo catastral de los terrenos o edificaciones. Por ejemplo, se propone un límite máximo del 50% para aquellos cuyo avalúo sea igual o menor a 135 salarios mínimos mensuales, y del 200% para aquellos con avalúo superior a 500 salarios mínimos.

Además, se plantea la creación de incentivos para quienes estén al día con el pago de este impuesto. Por ejemplo, se establecerán tarifas diferenciadas del impuesto predial unificado para predios con avalúo catastral actualizado, con rangos entre el 1 por mil y el 10 por mil, dependiendo del estrato y la ubicación del predio. Esto busca promover la cultura de la actualización catastral y premiar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Sin embargo, estas propuestas también imponen obligaciones adicionales a los municipios, como la articulación de estrategias de interlocución social durante los procesos de formación y actualización catastral, así como la elaboración de informes para mitigar los impactos de los incrementos del impuesto.

Por último, se establece el derecho de los contribuyentes a solicitar la revisión del avalúo catastral en cualquier momento, con un plazo máximo de tres meses para resolver estas solicitudes.

Estas reformas buscan crear un marco normativo más justo y transparente en el cobro del impuesto predial, brindando incentivos para la actualización catastral y protegiendo los derechos de los contribuyentes. Sin embargo, estas propuestas aún deben surtir su primer debate en el Congreso antes de convertirse en ley.