El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió durante el primer debate del presupuesto 2026 la necesidad de implementar una reforma tributaria para retomar el cumplimiento de la regla fiscal, en medio de un proyecto presupuestal que asciende a $557 billones y presenta un desfinanciamiento de $39,6 billones.

Ávila detalló que la reforma contempla modificaciones al IVA en productos consumidos por personas de mayores ingresos, incremento en la progresividad de impuestos sobre renta y patrimonio, gravámenes al tabaco y alcohol, además de nuevas dinámicas para tributos al carbono y al consumo.

El funcionario identificó al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) como una de las principales causas del déficit fiscal, tras destinar casi $80 billones a subsidios de gasolina. Adicionalmente, señaló que se han incorporado $18,2 billones en impacto presupuestal para subsidios de energía y gas.

Durante la presentación, el ministro destacó que los gastos inflexibles de la política fiscal para 2026 suman $509 billones. Estos incluyen el pago de intereses de la deuda, salarios de las Fuerzas Públicas y del sistema judicial, el Sistema General de Participaciones, junto con compromisos en pensiones y salud.

El presupuesto total proyecta ingresos de $530,7 billones provenientes de rentas de capital, mientras que los restantes $26,3 billones se cubrirían mediante un proyecto de ley de financiamiento, vinculando nuevamente el presupuesto a una reforma tributaria aún no presentada.

Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, alertó sobre el objetivo gubernamental de aprobar el presupuesto por decreto y confirmó el desfinanciamiento de $39,6 billones en el proyecto.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, respaldó la necesidad de ajustes presupuestales para cumplir la regla fiscal en los próximos tres años, señalando que la ley de financiamiento, la ley de competencias y la reducción de gastos inflexibles son complementos necesarios para la estabilidad macroeconómica.

Luis Eduardo Llinás, director de la Dian, informó que la meta de recaudo neto para 2025 alcanza $280,3 billones, equivalentes al 15,4% del PIB, representando un incremento del 15% respecto a 2024. Sin embargo, esta cifra resulta inferior a los $298,9 billones proyectados inicialmente por el Gobierno.

El Ejecutivo destacó una caída sin precedentes en el recaudo de la Dian durante 2024, que alcanzó $18,4 billones, agravando la situación de las finanzas públicas.

Los desembolsos del Fecp representan 4,39% del PIB en 2025, considerando el período 2022-2025, mientras que los subsidios a energía y gas equivalen al 1% del PIB. Las amortizaciones de la Línea de Crédito Flexible con el FMI suman $22,9 billones entre 2024 y 2025, representando 1,26% del PIB.

Según el Ministerio de Hacienda, estas presiones fiscales, calificadas como heredadas, limitan las posibilidades de avanzar en el plan de gobierno sin recurrir a medidas como la reforma tributaria o el aumento del Presupuesto General de la Nación.

Las previsiones ministeriales indican que los gastos de funcionamiento alcanzarían $365,7 billones, el servicio de la deuda llegaría a $102,4 billones y la inversión se ubicaría en $88,7 billones, con ingresos totales proyectados de $556,9 billones para 2026.

Con información de la república