El Presupuesto General de la Nación para el 2024 está siendo objeto de fuertes críticas debido a diversos aspectos que han generado preocupación en diferentes sectores. Desde su presentación en el Congreso hasta los problemas con el Decreto de Liquidación y las alertas del Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) sobre la regla fiscal, han levantado alarmas sobre la gestión financiera del Gobierno Nacional.

Una de las principales preocupaciones es el déficit del 5,3 % del PIB proyectado para el cierre del año, lo que llevaría la deuda pública a representar el 57 % del PIB en 2024, superando el límite establecido por la regla fiscal, que es del 55 %. Esto plantea serias interrogantes sobre el manejo de las finanzas públicas y el impacto en la estabilidad económica del país.

Otro aspecto que ha generado polémica es el manejo de los ingresos por arbitramentos y litigios, estimados en $10 billones. El Carf ha alertado sobre la inclusión de estos ingresos en el Plan Financiero para 2024, considerándolos como ingresos no estructurales que no deberían destinarse al gasto estructural. Advierten que este tipo de ingresos debería ser visto como una transacción de única vez y que no hay suficiente información para garantizar su viabilidad a largo plazo.

El Carf también ha expresado su preocupación por la falta de información detallada sobre la dinámica de acumulación y desacumulación del acervo de litigios a través del tiempo. Aunque se han solicitado datos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), aún no se dispone de un punto de referencia para diferenciar los ingresos estructurales de los no estructurales en este rubro.

Ante estas preocupaciones, el Ministerio de Hacienda ha iniciado un proceso de recolección de información en colaboración con la Dian para analizar la situación. Sin embargo, el Carf ha instado a manejar con precaución elementos como la reducción de intereses moratorios del 40 %, que podrían constituir un incentivo para el esquema de arbitramento y litigios.