En una defensa pública de su polémica iniciativa, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, argumentaron que la grave situación fiscal heredada obliga a un “ajuste fuerte, radical”. La Ley de Rescate Fiscal, presentada la semana pasada, combina una drástica reducción del gasto público con modificaciones tributarias que ya generan reparos por su posible impacto en la clase media y los precios.

Durante una entrevista con Noticias RCN, los altos funcionarios del Gobierno de la nueva administración revelaron que el desequilibrio fiscal es más profundo de lo previsto. El presupuesto heredado carecía de recursos para atender obligaciones por más de 70 billones de pesos. “Existía el gasto, pero no existía el recurso”, afirmaron, trazando un panorama crítico que justifica, a su juicio, una intervención de esta magnitud.

La propuesta busca un ajuste total de 45 billones de pesos, priorizando la contención del gasto público. Entre 30 y 35 billones provendrían de “apretar el cinturón del Estado”, mediante recortes en la burocracia y gastos considerados innecesarios. “Esta es la primera reforma que arranca por donde debe ser”, sostuvieron Restrepo y Gómez, enfatizando que el esfuerzo mayor recae en la Nación.

La polémica tributaria y la compensación del IVA

El resto del ajuste (entre 10 y 15 billones) corresponde a cambios tributarios, el punto más sensible del debate. Ante las críticas, el Gobierno insistió en que la carga recaería principalmente en los más ricos: “Uno de cada diez colombianos paga el 97% del ajuste tributario”. No obstante, reconocieron un efecto inflacionario adicional estimado entre 0,6% y 0,8%.

Como principal mecanismo compensatorio, defendieron con detalle la devolución del IVA. Explicaron que unos 19 millones de colombianos se beneficiarían, con transferencias que podrían alcanzar $280.000 mensuales en algunos hogares. El sistema se basaría en factura electrónica, pero incluiría un valor mínimo para hogares vulnerables sin capacidad de acreditarla. El primer giro se haría, prometieron, antes de que entren en vigor los nuevos impuestos.

El equipo económico también defendió la reducción del impuesto de renta corporativa a cerca del 31% para aliviar al sector productivo. Sin embargo, justificó el fin de exenciones parafiscales para salarios altos, argumentando que no promueven la formalización.

En materia de financiamiento externo, confirmaron conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un posible acuerdo de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Este respaldo, dijeron, es crucial para que Colombia vuelva a los mercados de capitales y cubra necesidades de financiamiento que para 2027 alcanzarían los 25.000 millones de dólares. “Sin este ajuste, ir a los mercados a pedir prestado será absolutamente imposible”, advirtieron.

Los funcionarios admitieron que el camino en el Congreso de la República será difícil, pero cerraron con un mensaje de urgencia: “El gobierno tiene que convencerlos de que tenemos que actuar ya”. La discusión de la Ley de Rescate Fiscal promete ser uno de los debates económicos y políticos más intensos del año, marcado por la advertencia gubernamental de que la estabilidad fiscal del país está en juego.