La entrada en vigencia de la Ley 2232 de 2022, que prohíbe la producción de ciertos empaques y objetos de plástico a partir del 7 de julio, tendrá un impacto significativo en la industria del plástico en Colombia. Según estimaciones de Acoplásticos, gremio que agrupa a las empresas del sector, el costo de esta prohibición podría ascender hasta $1,1 billones. Además, se prevé que la eliminación gradual de algunas referencias hacia 2030 podría poner en riesgo hasta 12,000 empleos.

Paula Ocampo, vicepresidenta de Acoplásticos, señaló que la reglamentación de la Ley se implementó de manera apresurada, otorgando solo 10 días para que el sector se adaptara a los nuevos requerimientos. “Para quienes la prohibición entra en vigor en 2030, tienen tiempo para una reconversión y preparación de seis años. Sin embargo, para los productores de bolsas de un solo uso, no hubo suficiente tiempo. La Resolución 803 del Ministerio de Ambiente se publicó el 26 de junio, apenas 10 días antes de la entrada en vigencia de la prohibición”, explicó.

Ocampo también advirtió sobre los desafíos inmediatos que enfrentarán las empresas. “Los primeros dos meses de la entrada en vigencia serán muy complicados, y habrá empresas que deberán detener la producción mientras obtienen los certificados necesarios para las excepciones, como las bolsas hechas 100% de material reciclado. Durante este tiempo, no podrán comercializar sus productos”, añadió.

Cristian Halaby, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, resaltó que alrededor de 6,500 empresas podrían verse afectadas por la nueva reglamentación, subrayando que muchas de ellas son pequeñas empresas. “Los comerciantes serán los más afectados, ya que muchos utilizan bolsas de precorte para empacar frutas y verduras, y aún no saben con qué materiales o cómo reemplazar esos empaques”, detalló Halaby. Asimismo, mencionó que las alternativas biodegradables y compostables son más costosas, lo que generará una presión inicial sobre los consumidores finales.

La transición hacia materiales biodegradables y compostables no solo implica un aumento en los costos de producción, sino también desafíos en la obtención de certificados. Paula Ocampo destacó que para certificar estos materiales se requieren pruebas en laboratorios internacionales, un servicio que se paga en dólares.

“Es crucial avanzar rápidamente en otra reglamentación pendiente: el plan de reconversión industrial y adaptación laboral. Esto es muy importante para las empresas que no pueden aplicar las alternativas actuales y que están dispuestas a hacer una transición”, puntualizó.