El Gobierno amplía el impuesto al patrimonio a sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras, generando alertas en el sector empresarial por el impacto en la inversión y la competitividad.

Las empresas extranjeras con presencia en Colombia enfrentarán una carga tributaria que podría superar el 90% tras la inclusión de sus sucursales y establecimientos permanentes en el impuesto al patrimonio, según lo establecido en las recientes medidas tributarias del Gobierno nacional. A partir de este año, estas entidades deberán pagar el gravamen si su patrimonio líquido en el país alcanza o supera las 200.000 UVT —equivalente a aproximadamente $10.474 millones— al 31 de marzo.

La medida, que altera el calendario tributario para estas compañías, fija el 30 de abril como fecha límite para presentar la declaración y cancelar el 50% del impuesto, mientras que el saldo restante deberá pagarse el 1 de junio. Estas fechas difieren del cronograma para empresas nacionales, que deben cumplir sus obligaciones el 1 de abril y el 4 de mayo.

Aunque la tasa nominal del impuesto de renta corporativo es del 35%, en sectores como el minero-energético y el financiero —que incluye bancos, fiduciarias, aseguradoras y compañías de factoring— la carga puede elevarse hasta el 40% debido a sobretasas. A esto se suman otros gravámenes: el IVA del 19%, el impuesto al patrimonio con tarifas entre 0,5% y 5%, el ICA (entre 0,4% y 1,2% según jurisdicción), el impuesto a las ganancias ocasionales, el gravamen a movimientos financieros y aportes parafiscales que en conjunto superan el 4%.

Además, cuando las empresas generan utilidades, estas también están sujetas a impuestos. Las personas naturales extranjeras pagan una tasa del 20% sobre dichos ingresos, mientras que las nacionales pueden enfrentar retenciones de hasta el 39%.

Este cúmulo de obligaciones fiscales ha generado preocupación entre analistas y representantes del sector privado. Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, advirtió que “esto termina provocando que las empresas que están aquí y que pueden irse, lo hagan; y las que no, tendrán que hacer planeaciones abruptas ante la posibilidad de que las reglas del juego vuelvan a cambiar en cualquier momento”. Junco destacó que las compañías extranjeras, especialmente en sectores estratégicos, “se ven minadas” por la acumulación de impuestos y la inestabilidad regulatoria.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), calificó la medida como “una afrenta a la democracia participativa y al principio de que no puede haber impuestos sin representación”. Según Mac Master, la norma afecta directamente la inversión productiva, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas internacionales.

César Cermeño, director de la maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, subrayó que el problema no radica en una sola tasa, sino en el efecto combinado de múltiples impuestos a lo largo del ciclo económico de la empresa. “La carga tributaria no se limita al valor de los impuestos nacionales y territoriales, sino que incluye también altísimos costos administrativos”, señaló.

El temor generalizado es que esta política disuada la llegada de nuevas inversiones y ponga en riesgo la permanencia de capitales ya instalados. En un contexto de creciente competencia regional, países como Chile, Perú y México ofrecen entornos fiscales más atractivos, lo que podría desplazar a Colombia como destino preferido para la inversión extranjera directa.

Mientras el Gobierno argumenta que estas medidas buscan fortalecer las finanzas públicas y avanzar hacia una mayor equidad fiscal, el sector empresarial exige una revisión profunda del sistema tributario que equilibre la recaudación con la sostenibilidad del crecimiento económico.