La petrolera estatal colombiana Ecopetrol anunció la cancelación temporal del proyecto de perforación Komodo-1 en el Mar Caribe, luego de que el Ministerio de Ambiente suspendiera la licencia ambiental correspondiente en julio de este año. Esta decisión representa un significativo revés para los planes de exploración en aguas ultra profundas del país.

El ambicioso proyecto, que se desarrollaría en colaboración con la empresa Oxy a una profundidad de cuatro kilómetros, contaba con una inversión preliminar de 200 millones de dólares y contemplaba una inversión adicional de 150 millones para las operaciones de perforación. Los estudios sísmicos y geológicos realizados sugerían un potencial similar al del yacimiento Sirius (anteriormente conocido como Uchuva), ubicado en proximidad a Guyana.

La suspensión no solo afecta el cronograma previsto para 2024-2025, sino que también genera complicaciones logísticas significativas. Uno de los principales obstáculos radica en la disponibilidad de equipos especializados: solo existen tres taladros en el mundo capaces de realizar perforaciones en las condiciones específicas que requiere Komodo-1, y estos equipos suelen reservarse con hasta tres años de anticipación.

Implicaciones estratégicas

El proyecto Komodo-1 representa un valor estratégico particular para Colombia, ya que la mayoría de los descubrimientos en el Mar Caribe colombiano han sido de gas natural, mientras que este proyecto apuntaba a la posible extracción de petróleo. Esta situación cobra especial relevancia en el contexto actual de volatilidad del mercado internacional de hidrocarburos, influenciado por conflictos geopolíticos como la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ecopetrol se encuentra actualmente evaluando el impacto financiero de esta cancelación y explorando alternativas para mitigar las consecuencias económicas. La empresa también está revisando los compromisos adquiridos con socios y proveedores involucrados en la fase inicial del proyecto. La reprogramación de las actividades de exploración se extendería, como mínimo, hasta 2026, considerando los tiempos necesarios para la gestión de nuevos permisos y la disponibilidad de equipos especializados.