El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunció su intención de renegociar las cláusulas de arbitramento incluidas en los acuerdos y tratados internacionales firmados por el país. La decisión responde a la reciente resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que favoreció a la compañía española Telefónica en un litigio contra el Estado colombiano. Este fallo obliga al país a pagar 379,8 millones de dólares.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández, aclaró que la renegociación se limitará exclusivamente al alcance de las cláusulas de arbitraje internacional. Según el funcionario, esta revisión busca equilibrar las relaciones entre el Estado y las multinacionales para evitar desequilibrios jurídicos que han generado controversias a nivel global.

El litigio entre Colombia y Telefónica se originó en torno a un contrato de concesión otorgado a la empresa en 1994. Aunque en 2017 el país ganó un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá por el mismo caso, el fallo reciente del Ciadi desconoció dicha decisión y dictaminó en favor de la compañía española.

Desde el Ministerio de Comercio argumentan que este tipo de resoluciones vulnera la soberanía judicial del país, al permitir que los inversionistas extranjeros demanden directamente al Estado sin agotar instancias legales internas. “El sistema judicial colombiano es independiente y está en capacidad de decidir sobre los asuntos que se ponen a su consideración. Por lo tanto, las controversias deben ser dirimidas por los tribunales colombianos”, señalaron fuentes oficiales.

El Ministerio destacó que Colombia no es el único país afectado por fallos adversos del Ciadi. Varias naciones, tanto desarrolladas como en desarrollo, han enfrentado condenas derivadas de la interpretación ambigua de las cláusulas de arbitraje. Estas incertidumbres han generado cuestionamientos sobre la equidad y transparencia de los procedimientos en tribunales internacionales.

Ante esta situación, las autoridades colombianas consideran que es necesario explorar nuevas fórmulas para definir el juez competente en este tipo de controversias. Entre las alternativas propuestas, no se descarta que las disputas se resuelvan exclusivamente en tribunales nacionales.

El Gobierno subrayó su compromiso con la promoción de inversiones responsables y sostenibles. En el primer semestre de 2024, Colombia recibió 6.720 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), de los cuales el 34 % se destinó a los sectores de minas y petróleo, una reducción significativa respecto al 48 % registrado un año antes.

El ministro Reyes Hernández enfatizó que los esfuerzos del Gobierno están orientados a diversificar la economía y reducir la dependencia de los hidrocarburos. “Buscamos una inversión que permita incluir a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales y regionales de suministro, promoviendo la capacidad humana y tecnológica del país”, indicó.

Con información de asuntoslegales