El inicio de 2025 ha traído consigo un notable impacto económico para los colombianos, marcado por el incremento de los precios en productos gravados con los llamados impuestos saludables. Esta medida, implementada originalmente en 2023, afecta a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, y sigue generando controversia y preocupación entre los ciudadanos.

Para este nuevo año, los productos como jugos de fruta, agua de coco, té, aguas saborizadas y gaseosas experimentaron un aumento que oscila entre el 18 % y el 35 %, dependiendo del porcentaje de azúcar contenido. Además, alimentos como chocolates, mezclas para panadería, frutas confitadas, mermeladas, salsas preparadas, condimentos y helados tuvieron un incremento del 20 %, el más alto registrado hasta ahora en el marco de esta política.

Este aumento se suma a los ajustes realizados en años anteriores: un 10 % en 2023 y un 15 % en 2024. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), entre enero y noviembre de 2024, el Estado recaudó 2,2 billones de pesos por concepto de estos impuestos, de los cuales 288.000 millones provinieron de bebidas azucaradas y 1,9 billones de alimentos ultraprocesados.

Aunque la medida busca fomentar hábitos de consumo más saludables y disminuir las enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcares y productos ultraprocesados, también ha generado un fuerte impacto en la economía de los hogares colombianos. Este ajuste afecta especialmente a las familias de menores ingresos, quienes ven reducido su poder adquisitivo frente a productos que anteriormente eran más accesibles.

Por otro lado, expertos en economía y salud pública han destacado la necesidad de reinvertir los recursos recaudados en programas que promuevan estilos de vida saludables y mejoren el acceso a alimentos nutritivos. Sin embargo, hasta el momento, el destino de estos fondos no ha sido claramente especificado por las autoridades.

Muchos colombianos han manifestado su descontento frente al continuo aumento de precios, señalando que los impuestos saludables no solo afectan su economía, sino que también limitan sus opciones de consumo. Por su parte, organizaciones de consumidores han solicitado al Gobierno nacional mayor transparencia en el manejo de los recursos obtenidos y un enfoque más inclusivo que considere el impacto social de estas medidas.