Un juzgado ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Trabajo, liderado por Gloria Inés Ramírez, por una deuda de 35.000 millones de pesos (unos 8 millones de dólares) con un grupo de 109 maestros del departamento de Quindío que no han recibido sus pagos desde finales de 2014.

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia decretó, el viernes 1 de marzo, embargar inicialmente 12.825 millones de pesos de las cuentas del Ministerio y del Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep), adscritos a esa cartera. La decisión ordena embargar las cuentas que tenga el Ministerio en diferentes entidades bancarias como Davivienda, Bancolombia, BBVA, Av Villas y Banco de Bogotá, entre otras, hasta cubrir la cuantía total adeudada.

Esta medida cautelar busca cancelar la deuda que data de hace casi 10 años, acumulada por el no pago a los docentes. El monto se incrementará con los intereses y retroactivos correspondientes a casi una década de pendientes económicos.

La causa contra la nación comenzó en 2017 mediante una tutela de los maestros ante la falta de pagos, que llevó al juzgado a fallar a su favor. Fuentes cercanas al proceso advirtieron que la deuda de 35.000 millones podría incluso duplicarse una vez se calculen intereses y retroactivos.

Ahora, la ministra Ramírez, exdocente y líder sindical, ahora enfrenta la responsabilidad de saldar la deuda millonaria con los maestros. La medida cautelar busca asegurar el pago de la deuda pendiente y puede afectar el funcionamiento del aparato estatal, ya que involucra dineros públicos. La ministra Ramírez deberá hacer frente a esta situación mientras lidia con otros desafíos en su cartera, como la reforma laboral y las críticas por la falta de aval fiscal para la reforma a la salud.