Tras la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Herrera del Consejo Nacional Electoral (CNE), el pliego de cargos acusa al hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, de haber violado los topes de financiación en su campaña presidencial de 2022, con un excedente de más de $5.300 millones.

“De acuerdo con la ponencia radicada por los dos togados, los recursos que habrían entrado a las cuentas de la campaña Petro Presidente se habrían excedido en $5.355 millones. De estos, 3.709 millones de pesos se registraron en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta se reportaron ingresos por encima de los topes por $1.646 millones”, cita el informe.

Los magistrados señalan que Petro ocultó aportes de organizaciones sindicales como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) por $500 millones. Además, tuvieron en cuenta el testimonio de Omar Hernández, de la red de criptomonedas Daily Cop, quien aseguró que se hizo un aporte superior a los $2.000 millones para la aspiración presidencial.

“En su informe, los magistrados del CNE que formularon cargos señalaron que los recursos dados por el Polo Democrático, que también habría girado $500 millones a la campaña, al parecer no fue mencionado. Como tampoco se reportó el pago a cerca de 36.000 testigos electorales, del orden de los $931 millones; ni los gastos de propaganda electoral que estarían cercanos a los $356 millones”, detallan los informes.

Otro hallazgo preocupante es que en el aplicativo Cuentas Claras, donde se registran los ingresos y gastos de las campañas, no aparecen los servicios de transporte aéreo por $1.249 millones en la primera vuelta y $962 millones en la segunda, cifras cercanas al presunto aporte de Daily Cop.

Además, la campaña de Petro habría comenzado de forma extemporánea con el denominado evento de la P en Barranquilla, financiado por el empresario Euclides Torres. Tampoco se reportaron aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) por $500 millones, ni pagos del Pacto Histórico desde la campaña al Congreso por $202 millones. Incluso el alquiler del Movistar Arena para celebrar el triunfo, por $100 millones, no apareció en la contabilidad.

Junto a Petro, los magistrados formularon cargos contra Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, así como contra los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. La tesorera Luz Aydeé Mogollón Alfonso no sería vinculada.

El proceso ha generado una fuerte reacción del presidente, quien convocó a sus bases para defender lo que considera su mandato constitucional. La decisión final recaerá en la sala plena del CNE, en un caso que amenaza con empañar la legitimidad del gobierno de Petro desde sus inicios.