Como parte de la investigación sobre el posible ingreso de dineros de procedencia dudosa a la campaña presidencial de Gustavo Petro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido escuchar los testimonios de dos empresarios vinculados a la criptomoneda Daily Cop, Omar Hernández y Cristian Hernández, presuntos financistas de los vuelos y el avión utilizados por el hoy mandatario durante su carrera por la Casa de Nariño, quienes comparecerán ante el organismo electoral el próximo 7 de mayo.

Según resolución emitida este lunes 22 de abril, el CNE solicitará a los empresarios “los movimientos bancarios que ascienden a más de 4.000 millones de pesos y cada una de las pruebas que ellos mismos le han enviado a la Fiscalía General de la Nación”. Un pedido que busca arrojar luz sobre el presunto desvío de recursos de origen incierto hacia los gastos de la campaña del actual presidente.

“Gracias al rol desempeñado dentro de la sociedad Spartan Hills, tienen el acceso y conocimiento necesario para poder hacer la entrega de información eficaz del manejo de las billeteras al interior de Daily Cop, y a la entrega de sus códigos de acceso, para que así el perito especializado en criptomonedas, pueda hacer el rastreo real de los recursos”, se lee en el principio de oportunidad que permitirá a los empresarios rendir sus declaraciones.

Esta diligencia se suma a los avances en la investigación adelantada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes estarían a punto de formular pliego de cargos para que la sala plena del CNE evalúe el caso en las próximas semanas. De hecho, en el auto del 22 de abril también se aceptó la renuncia del abogado que representaba al presidente Petro y a Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial.

Las pesquisas buscan determinar si, a través de un esquema de captación ilegal de criptomonedas, los empresarios de Daily Cop habrían costeado de manera irregular los vuelos en los que se movilizó el entonces candidato presidencial. Una acusación de gran calado que, de comprobarse, podría acarrear sanciones económicas e incluso la posible nulidad de la elección del actual jefe de Estado.

Desde la campaña de Petro han rechazado enfáticamente estas acusaciones, asegurando que todos los gastos fueron debidamente reportados y financiados por vías legales. No obstante, los testimonios y pruebas que aporten los empresarios serán claves para que el Consejo Nacional Electoral pueda definir, de una vez por todas, si existió o no una violación a las normas electorales.