Las iniciativas que buscaban limitar el alcance de la Jurisdicción Especial de Paz y revisar sentencias contra la Fuerza Pública no lograron avanzar en el Senado antes del cierre de las sesiones ordinarias.

El panorama legislativo en Colombia ha dado un giro inesperado para los sectores que buscaban reformar la estructura de la justicia transicional. Dos proyectos de reforma constitucional destinados a modificar o eliminar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) fracasaron en el Senado de la República, debido principalmente al agotamiento del calendario legislativo y la falta de consenso para su priorización.

Con el cierre de las sesiones ordinarias este 16 de diciembre, las iniciativas que pretendían transformar el funcionamiento de la JEP quedaron oficialmente “hundidas”. El procedimiento para los actos legislativos exige un total de ocho debates, de los cuales los primeros cuatro deben agotarse dentro de un mismo periodo legislativo, requisito que ninguna de las propuestas logró cumplir.

La propuesta más ambiciosa, liderada por el senador Enrique Gómez, buscaba establecer una fecha de caducidad para la JEP, finalizando sus funciones en marzo de 2028. Aunque este proyecto ya había superado con éxito su primer debate en la Comisión Primera del Senado, su avance se detuvo abruptamente.

A pesar de los acuerdos previos entre las bancadas de Salvación Nacional y el Centro Democrático para priorizar su discusión, la iniciativa nunca fue incluida en el orden del día de la plenaria esta semana. Al no someterse a votación antes del cierre de sesiones, el proyecto perdió la oportunidad de completar los debates necesarios para su continuidad, dejando en el limbo la intención de limitar el tiempo de operación de la justicia transicional.

Paralelamente, otra reforma de alto impacto político naufragó antes de siquiera iniciar su recorrido formal. Esta iniciativa proponía la creación de un Tribunal Militar y Policial con la facultad de revisar las sentencias emitidas por la JEP contra miembros de la Fuerza Pública que se acogieron a dicha jurisdicción.

El senador Rafael Nieto, uno de los principales impulsores de la medida, no logró presentar la ponencia correspondiente, lo que impidió que la Comisión Primera siquiera discutiera el texto. Con este resultado, se mantiene la vigencia de los fallos actuales de la JEP sin la posibilidad de una revisión por parte de la justicia castrense en este periodo.

El cierre de sesiones también afectó otras reformas de carácter estructural, como la denominada “ley anti-mermelada”. Radicada por el exministro Rodrigo Lara, esta propuesta buscaba regular el cabildeo y erradicar las negociaciones informales entre congresistas y el Gobierno Nacional.

El proyecto pretendía implementar un registro público para que los parlamentarios gestionaran proyectos de inversión regional sin intervenir en la adjudicación de contratos. Sin embargo, al igual que las reformas contra la JEP, la falta de tiempo impidió que alcanzara su primer debate, dejando sin respuesta inmediata la demanda ciudadana por mayor transparencia en la gestión de recursos públicos.