Una nueva ofensiva de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo dejó cuatro presuntos integrantes de esa organización muertos, seis capturados y abundante material de guerra incautado. La operación, desarrollada durante la madrugada del lunes 9 de noviembre en zona rural de Tibú, motivó la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Cúcuta para evaluar los resultados y revisar las acciones de seguridad en Norte de Santander.

El operativo, denominado Noah, fue ejecutado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de tropas terrestres, contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura vinculada a alias ‘Calarcá’.

Entre los capturados figura alias ‘Costeño’ o ‘Barba Chivo’, señalado por las autoridades como cabecilla financiero y hombre cercano a alias ‘Andrey Avendaño’, uno de los principales mandos de esa organización armada en el Catatumbo.

Las autoridades también reportaron la incautación de siete fusiles, granadas utilizadas en ataques con drones y otros elementos de intendencia. Las tropas continuaron las labores de reconocimiento en el área para establecer el balance definitivo de la operación.

De la Espriella llegó a Cúcuta para revisar la ofensiva militar

Tras el bombardeo, el presidente Abelardo de la Espriella se desplazó a las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional, en Cúcuta, donde conoció información sobre la operación y la situación de orden público en la región.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de ABELARDO DE LA ESPRIELLA (@delaespriella_style)

El mandatario realizó un recorrido aéreo por la capital nortesantandereana y solicitó fortalecer las operaciones conjuntas contra las organizaciones armadas que delinquen tanto en Cúcuta como en el Catatumbo.

Aunque durante su visita no entregó declaraciones a los medios, el presidente había confirmado previamente que ordenó la ofensiva militar y que esperaba el informe definitivo de las Fuerzas Militares.

Se trata del séptimo bombardeo ordenado durante su Gobierno y el tercero ejecutado en Norte de Santander, en medio de una estrategia que busca aumentar la presión militar sobre las estructuras armadas ilegales.

Ofensiva militar en medio de la crisis de seguridad del Catatumbo

La operación Noah se desarrolló en medio de la persistente confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc por el control territorial en el Catatumbo, una disputa que ha provocado desplazamientos, restricciones a la movilidad y ataques contra la población civil.

En los últimos días se han denunciado nuevos ataques con drones cargados de explosivos en sectores rurales de Tibú, incluidos Versalles y el corregimiento de Pachelli, donde resultaron afectadas varias viviendas. También se han reportado asesinatos de líderes comunitarios y ataques contra unidades militares.

La nueva ofensiva se enmarca en el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales dispuesto por el Gobierno desde finales de octubre, cuando De la Espriella ordenó la militarización temporal de Cúcuta y anunció la puesta en marcha de la campaña Esparta para enfrentar a las organizaciones criminales.

Como parte de esa estrategia, el pasado 4 de noviembre se desarrolló la operación Némesis en Cúcuta y municipios cercanos, que dejó 111 personas capturadas, según el balance actualizado de la Fiscalía, por su presunta vinculación con distintas estructuras delincuenciales.

Gobierno anuncia que mantendrá los bombardeos

Tras confirmar los resultados de Noah, el presidente aseguró que continuará las operaciones contra el Frente 33 y las demás estructuras armadas que disputan el control del Catatumbo.

De acuerdo con el balance divulgado por el mandatario, la ofensiva también permitió afectar tres áreas campamentarias con capacidad aproximada para 35 integrantes de la organización, además de incautar 15 granadas destinadas a ataques con drones.

Pese a los resultados militares anunciados, la recuperación de la seguridad en el Catatumbo sigue siendo un desafío para las autoridades. Las comunidades continúan expuestas a las confrontaciones armadas, mientras el Gobierno busca consolidar su presencia en una región estratégica por su ubicación fronteriza y la actividad de las organizaciones ilegales.