Un documento de 26 páginas ha sacudido la confianza en la inteligencia colombiana. Revelado por Noticias Caracol, el informe de empalme de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) expone presuntas maniobras para interferir en las elecciones de 2026, el uso de tecnología rusa y contratos millonarios cuestionables durante la administración de Gustavo Petro.

La Contraloría ya ordenó una revisión prioritaria de cinco acuerdos que suman cerca de $20.783 millones. Las revelaciones más alarmantes giran en torno a la seguridad de los expresidentes. Según el reporte, la entidad habría instalado micrófonos y rastreadores GPS en los vehículos asignados a esquemas de protección de exmandatarios tras el Decreto 0563 de junio de 2026. Además, se menciona una casa de inteligencia clandestina ubicada cerca de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, la cual fue desocupada y borrada de los archivos tras las votaciones.

El capítulo electoral es el más delicado. El documento vincula a Carlos Oyola, ingeniero de sistemas capturado recientemente, con una red de activistas digitales y hackers. Se sugiere que Oyola lideró operaciones para alterar los resultados del 21 de junio de 2026, incluso con orden de captura desde mayo. Su perfil académico también es cuestionado, al haber obtenido títulos falsificados en la UNAD para acceder a contratos públicos.

La gestión financiera de la agencia también enfrenta un escrutinio severo. Entre los hallazgos destaca la compra de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, el cual sufrió un siniestro apenas meses después. Asimismo, se verifican cuatro camionetas Tahoe acondicionadas con equipos antidrones por $8.340 millones, y un sistema biométrico de $580 millones que nunca se implementó por incompatibilidad técnica.

Más allá de los gastos, el informe critica la contratación de personal. Se reportó que unas 300 personas ingresaron a la entidad flexibilizando requisitos, incluyendo exmilitantes del M-19 con antecedentes penales que no superaron la prueba del polígrafo. Esta laxitud debilitó la capacidad operativa de la agencia, según testimonios de exintegrantes.

Con el nuevo director Jorge Zuluaga, la entidad enfrenta un proceso de reestructuración. Funcionarios describen la agencia como un fortín burocrático que dejó de producir inteligencia estratégica. Mientras la Contraloría profundiza su investigación, la DNI busca recuperar su credibilidad ante un país que exige transparencia en sus servicios de seguridad.