Las amenazas de posibles atentados terroristas contra varios de los principales medios de comunicación de Colombia encendieron las alarmas sobre la seguridad de los periodistas y las garantías para ejercer el periodismo en el país. La situación obligó a evacuar instalaciones en Bogotá, activar protocolos de emergencia y reforzar las medidas de protección.

La alerta se conoció la noche del sábado 7 de noviembre, cuando Caracol Televisión evacuó su sede principal en Bogotá, tras recibir información de las autoridades sobre la presunta intención de grupos armados ilegales de atacar sus instalaciones.

Posteriormente, Caracol Radio confirmó que también había sido advertida sobre el riesgo de un posible atentado contra la emisora y otros medios de comunicación. RCN figura igualmente entre las empresas periodísticas mencionadas en las alertas.

Aunque la Policía Metropolitana de Bogotá descartó la presencia de explosivos en las instalaciones y alrededores de Caracol Televisión, las autoridades mantienen las verificaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas.

Gobierno señala al ELN y ordena reforzar la seguridad

El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó las posibles amenazas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con base en alertas de inteligencia, y anunció instrucciones para reforzar la protección de Caracol Televisión, RCN y la revista Semana.

El mandatario aseguró que el Estado desplegará sus capacidades para garantizar la seguridad de periodistas, trabajadores y sus familias, y rechazó cualquier intento de intimidación contra el ejercicio periodístico.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente de resultados de una investigación judicial que establezcan de manera concluyente la responsabilidad del ELN, por lo que la atribución corresponde a las alertas de inteligencia comunicadas por el Gobierno.

Rechazo de organismos de control y defensores de la prensa

La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresaron su preocupación por la gravedad de las amenazas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió esclarecer los hechos, determinar la veracidad de las alertas y garantizar la seguridad de quienes trabajan en los medios de comunicación.

Por su parte, el procurador Gregorio Eljach advirtió que las intimidaciones no pueden convertirse en un mecanismo para impedir el trabajo periodístico.

La FLIP también alertó sobre los riesgos para la vida de los trabajadores y para las libertades de prensa y expresión. A estas reacciones se sumó la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), que advirtió sobre las consecuencias de la violencia, la intimidación y la autocensura en el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Más de 2.000 ataques contra periodistas en cuatro años

Las amenazas contra los medios nacionales se producen en un contexto de violencia persistente contra el periodismo colombiano.

Según cifras divulgadas por la AMI, entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron más de 2.000 ataques contra periodistas, incluidos diez asesinatos, cuatro de ellos durante 2026.

Por su parte, la FLIP documentó 150 agresiones contra la prensa entre enero y el 15 de mayo de 2026, entre ellas 46 amenazas. La organización identificó como presuntos responsables tanto a actores armados como a funcionarios públicos, dirigentes políticos y miembros de la Fuerza Pública.

La situación resulta especialmente preocupante en las regiones donde operan organizaciones armadas ilegales. La FLIP ha advertido que el control territorial del ELN en Arauca ha intensificado la autocensura, mientras que en otras zonas la presencia de grupos armados limita las posibilidades de investigar y publicar información de interés público.

El riesgo de silenciar a la prensa

Más allá de la amenaza contra las instalaciones de los medios, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten sobre un efecto especialmente grave: la posibilidad de que periodistas y medios dejen de investigar o publicar determinados asuntos por temor a represalias.

La AMI insistió en que la libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía de los ciudadanos para acceder a información diversa e independiente.

En ese sentido, el desafío para las autoridades no se limita a proteger edificios y trabajadores frente a posibles atentados. También implica investigar a los responsables, combatir la impunidad y garantizar que ningún periodista tenga que elegir entre su seguridad y su obligación de informar.