Niños fusilados por intentar escapar, menores sometidos a torturas por incumplir órdenes y niñas obligadas a abortar bajo amenazas de muerte. Estos son algunos de los hallazgos de una investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que reconstruyó los patrones de violencia ejercidos contra miles de niños, niñas y adolescentes reclutados por las antiguas Farc-EP durante el conflicto armado colombiano.

En un documento de 652 páginas, la Sala de Reconocimiento de la JEP estableció que al menos 18.677 menores fueron sometidos a un régimen de control y disciplina que regulaba prácticamente todos los aspectos de su vida, desde la alimentación y el descanso hasta las relaciones personales y las decisiones sobre sus propios cuerpos.

La investigación identificó dos grandes patrones de violencia: el primero, relacionado con malos tratos, torturas, castigos y ejecuciones; el segundo, con prácticas de violencia reproductiva contra niñas reclutadas.

Niños condenados a muerte por intentar escapar o incumplir órdenes

Uno de los hallazgos más graves corresponde a 208 crímenes de guerra relacionados con condenas y ejecuciones sin juicio previo o mediante procedimientos que carecían de garantías judiciales. La JEP también identificó 104 hechos de tortura y 28 de tratos crueles.

Los testimonios revelan que los menores podían ser castigados por situaciones tan simples como bañarse fuera del horario establecido, hablar sin autorización, sentarse durante una guardia o cometer errores en sus tareas.

Una víctima relató que un niño fue fusilado después de acumular varias faltas disciplinarias, entre ellas haber echado sal al café por equivocación.

Otra niña, reclutada a los 12 años, contó que permaneció amarrada durante casi dos años y sobrevivió a cerca de diez consejos revolucionarios de guerra, procedimientos internos mediante los cuales los mandos decidían castigos que podían incluir la ejecución.

La JEP también documentó casos de menores golpeados, aislados y sometidos a trabajos forzados. Algunos fueron obligados a cargar armas y equipos que superaban su capacidad física, mientras otros sufrieron lesiones permanentes durante los entrenamientos militares.

Intentar abandonar las filas podía significar una condena a muerte. Según los testimonios, la permanencia en la organización era considerada una obligación y las solicitudes para regresar a casa rara vez eran autorizadas.

Abortos forzados y anticoncepción obligatoria contra niñas

La investigación también reveló un patrón de violencia reproductiva ejercido contra niñas que habían sido reclutadas por la guerrilla.

La JEP documentó 137 hechos de aborto forzado reportados por 91 mujeres reclutadas cuando eran menores de edad. El 26 % de ellas manifestó haber sido sometida a dos o más abortos entre 1980 y 2016.

Además, otras 156 víctimas denunciaron que fueron obligadas a utilizar métodos anticonceptivos sin su consentimiento.

Los relatos describen procedimientos realizados mediante amenazas, engaños y, en algunos casos, el uso de medicamentos suministrados sin que las niñas conocieran su verdadero propósito.

Una víctima contó que quedó embarazada cuando estaba por cumplir 15 años y pidió autorización para tener a su hijo. Sin embargo, recibió la orden de abortar bajo la amenaza de ser sometida a un consejo de guerra.

Otras niñas fueron obligadas a utilizar dispositivos intrauterinos o implantes anticonceptivos desde los 12 o 13 años, incluso antes de iniciar su vida sexual.

Según la JEP, estas prácticas respondían a disposiciones internas de la organización que restringían la maternidad dentro de sus filas y sometían las decisiones reproductivas de las menores al control de los mandos guerrilleros.

Una infancia marcada por el miedo y la violencia

La investigación también estableció que los menores eran sometidos a las mismas exigencias militares de los adultos, sin considerar su edad, desarrollo físico o condiciones de salud.

Las restricciones para comunicarse con sus familias, las amenazas constantes y la imposibilidad de abandonar la organización agravaron las afectaciones psicológicas.

La JEP registró al menos cinco casos de suicidio o intentos de suicidio que involucraron a menores. También encontró registros de al menos 20 suicidios en el Bloque Oriental, aunque no todos correspondían necesariamente a niños o adolescentes.

Los hallazgos muestran que el reclutamiento infantil en las antiguas Farc no se limitó a incorporar menores a la guerra. También implicó someterlos a un sistema de control, castigos y violencia que vulneró sus derechos fundamentales, con consecuencias físicas y psicológicas que, según los testimonios, persistieron mucho después de su salida de la organización.

La documentación de estos hechos constituye una pieza central del trabajo de la JEP para esclarecer las responsabilidades por los crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado colombiano.

Cortesía Colprensa