La dimisión del presidente Santiago Peña marca el punto más álgido de una crisis financiera sin precedentes en Paraguay, desatada por el colapso de Ueno Bank, entidad que llegó a concentrar los ahorros de la mitad de la población adulta del país. El Banco Central Paraguayo ordenó la disolución del banco tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido, un descalabro que ha provocado la captura de sus principales directivos y abierto una investigación por supuestos conflictos de intereses que alcanzan al propio exmandatario.

Ueno Bank nació en 1976 como Financiera El Comercio, pero su transformación arrancó en 2021 cuando el Grupo Vásquez lo adquirió con autorización del Banco Central. En 2023 obtuvo la licencia bancaria y un año después, tras fusionarse con Visión Banco, superó el millón de clientes. Su crecimiento fue meteórico: en septiembre de 2026 ya contaba con más de tres millones de usuarios —aproximadamente la mitad de la población paraguaya— y realizaba tres millones de transacciones diarias.

Sin embargo, esa expansión acelerada escondía fragilidades. El Banco Central detectó un deterioro crítico en su solvencia y activó el procedimiento de disolución. La Fiscalía ordenó la captura de Federico Miguel Vázquez Villasanti, CEO del Grupo Vásquez y principal controlador de Ueno, junto a otros ejecutivos como Juan Manuel Gustale, presidente del banco; Julio Rey Fernández, vicepresidente; y Mariana Torres Rubiani, directora titular.

La renuncia de Peña llegó tras conocerse que el mandatario figuraba como accionista de Ueno Holding, sociedad que controla el banco. Aunque Peña aseguró que su participación finalizó a principios de 2025 y que invirtió en la antigua Credi Centro —predecesora de Ueno—, la oposición lo acusó de conflictos de intereses y de encubrir irregularidades en el manejo de fondos de pensiones.

“Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza”, declaró Peña al anunciar su dimisión. Pero el daño a la credibilidad institucional ya estaba hecho.

Horacio Cartes, líder del Partido Colorado y padrino político de Peña, anunció su respaldo a un juicio político contra el exmandatario. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, afirmó en un comunicado que evidenció la fractura interna en la fuerza gobernante.

La crisis también salpicó a Carlos Carvallo, quien renunció como presidente del Banco Central tras aprobar la transformación de Ueno en banco a finales de 2023, solo tres meses después de asumir el cargo. El detalle revelador: Carvallo había presidido previamente la Financiera Ueno, lo que generó sospechas de favorecimiento.

El economista Orkun Saka, profesor de City St George’s, University of London, explicó a BBC Mundo que la situación va más allá de una mala gestión. “Un banco perteneciente a un solo conglomerado terminó concentrando los ahorros de la mayoría de los adultos del país, además de cientos de millones de dólares de fondos de pensiones”, señaló.

Saka advirtió que estos vínculos destruyen la confianza en la regulación. “Cuando el presidente del Banco Central dirigió el banco que ahora vigila y el presidente del país fue socio de sus propietarios, esa confianza se rompe. Incluso si las decisiones fueron técnicamente correctas, la gente no creerá que lo fueron”, concluyó.

La disolución de Ueno Bank deja en vilo a millones de ahorristas y plantea interrogantes sobre la solidez de la supervisión bancaria en Paraguay. Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, el Congreso se prepara para debatir el juicio político a Peña, en un proceso que podría redefinir el equilibrio de poder en el país.

La crisis no solo ha expuesto las debilidades del sector financiero, sino también la permeabilidad entre los negocios privados y la alta esfera política, un cóctel que —según los analistas— requiere reformas urgentes para restaurar la credibilidad institucional.