Una investigación periodística de Caracol Radio ha destapado un caso de presunto despilfarro de recursos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro: la apertura de un consulado colombiano en la ciudad mexicana de Tijuana que, tras una inversión inicial superior a los 500 millones de pesos (unos 500 mil dólares), nunca llegó a operar. Las instalaciones, ubicadas en la exclusiva zona dorada de la ciudad fronteriza, permanecen completamente vacías, sin un solo mueble o escritorio, mientras el Estado colombiano enfrenta deudas por el alquiler del inmueble.

El consulado fue creado oficialmente el 22 de noviembre de 2024 mediante el decreto 1405 del entonces canciller Luis Gilberto Murillo, como parte de un plan que incluía otras dos representaciones en México. Sin embargo, desde su concepción, la medida generó cuestionamientos sobre su necesidad real, dado que en el estado de Baja California residen apenas 1.100 ciudadanos colombianos, según datos de la comunidad.

Las imágenes y videos circulados en redes sociales muestran un lujoso local de 200 metros cuadrados totalmente desocupado. La investigación señala que, pese a este desolador panorama, los fondos para su operación fueron asignados y una funcionaria, Maryori Pabón, fue oficialmente nombrada como cónsul.

Testimonios de la comunidad colombiana en la región, como el de Paola Morales, fundadora de la Asociación de Colombianos en Baja California, añaden más polémica al caso. Morales aseguró a Caracol Radio que la ex cónsul Pabón habría pretendido usar parte del espacio arrendado para montar una fonda (pequeño restaurante). Además, denunció que la representante consular desarrollaba actividades propias de su cargo en fiestas y bares, al no contar con una sede física operativa.

La investigación también indaga sobre posibles pagos pendientes a personal externo que habría prestado servicios legales y de arquitectura para la ex funcionaria.

Frente a las críticas por la apertura de varias misiones diplomáticas bajo su gestión, el excanciller Murillo defendió el procedimiento, afirmando que la creación del consulado se hizo tras “estudios de factibilidad y de disponibilidad presupuestal”. No obstante, el destino de la sede en Tijuana siempre fue incierto.

Rosa Villavicencio, última canciller del gobierno Petro, confirmó que, a su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya existía la intención de nombrar a Maryori Pabón. Sin embargo, con la proximidad de las elecciones presidenciales, se decidió congelar el proyecto. El gobierno entrante de Gustavo Petro optó finalmente por cancelar definitivamente la apertura del consulado en Tijuana, dejando tras de sí un costoso capítulo de oficinas fantasma y un interrogante sobre el uso de los recursos públicos en la diplomacia colombiana.

Este caso reaviva el debate sobre la racionalidad en la apertura de representaciones consulares en el exterior y la necesidad de una supervisión más estricta sobre los gastos de funcionamiento, especialmente cuando los beneficiarios directos –la comunidad colombiana residente– es numéricamente reducida.