En una contundente ofensiva contra las redes delictivas que operan tras las rejas, las autoridades colombianas intervinieron 19 pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá. El megaoperativo de registro y control dejó un saldo sin precedentes: la incautación de 582 teléfonos móviles, 3.754 tarjetas SIM y seis antenas de conexión satelital Starlink, tecnología de punta utilizada presuntamente para evadir los bloqueadores de señal convencionales y coordinar delitos de alto impacto.

Durante la minuciosa inspección en el centro penitenciario más grande del país, los uniformados también decomisaron 38 módems, 356 armas cortopunzantes, dinero en efectivo, estupefacientes y múltiples accesorios electrónicos.

El presidente Abelardo de la Espriella celebró los resultados de la operación a través de sus canales oficiales, advirtiendo que su administración no tolerará que las prisiones continúen funcionando como centros de mando criminal. “No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas”, enfatizó el mandatario.

El hallazgo de dispositivos satelitales evidencia la sofisticación logística de las bandas que delinquen desde los centros de reclusión. Según reportes de inteligencia e investigaciones periodísticas, las cárceles en Colombia se han transformado en auténticos call centers del crimen organizado, donde los reclusos fingen pertenecer a grupos armados ilegales o entidades bancarias para engañar y amenazar a la ciudadanía. Se estima que estas redes de estafa y llamadas extorsivas generan ingresos superiores a los 2.000 millones de pesos anuales.

Ante la magnitud del material decomisado y el ingreso clandestino de equipos de telecomunicaciones de gran tamaño, las autoridades abrieron indagaciones disciplinarias y penales para determinar la presunta complicidad de dragoneantes y miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El objetivo es desmantelar los esquemas de corrupción interna que facilitaron la entrada de estos elementos a los pabellones de máxima seguridad.

La intervención en La Picota forma parte de una estrategia de seguridad de mayor alcance liderada junto a la Fiscalía General de la Nación. En los últimos 45 días, el ente acusador ha neutralizado más de 40 estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio, hurto y microtráfico en las principales urbes del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y diversos municipios de Antioquia.

Con este despliegue, el Gobierno busca frenar de raíz el ciclo de intimidación que afecta a comerciantes y ciudadanos, reforzando la vigilancia para evitar que las celdas sigan siendo utilizadas como trincheras para el delito.