La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, denunció hoy una grave irregularidad en la utilización de recursos destinados a impulsar la ciencia en Colombia. Según la ministra, se encontraron inconsistencias en contratos de la administración anterior que suman más de $9.800 millones.

Entre las situaciones que más llaman la atención se encuentran una lista con 32.300 almuerzos sin información clara sobre quiénes los recibieron, servicios que aparecían como entregados antes de que se prestaran, fechas que no coincidían y precios inflados sin justificación.

“Colombianos, la plata de la ciencia es de los niños que sueñan con ser científicos. Es de las investigadoras, de las universidades, del futuro de este país. Y es sagrada”, afirmó la ministra. “Revisamos cómo se estaban usando esos recursos en la administración anterior y lo que encontramos no es ciencia”.

Otro caso que generó preocupación es el de eventos para más de 4.000 personas que no tendrían pruebas de haberse realizado. La ministra aseguró que algunos de los lugares ni siquiera contaban con el espacio o los equipos necesarios para atender a tantos asistentes.

La ministra también cuestionó varios contratos de logística realizados durante la Ley de Garantías y aseguró que el dinero destinado a la investigación terminó utilizándose en actividades que poco tenían que ver con la ciencia.

Frente a lo encontrado, el Ministerio de Ciencias decidió congelar los pagos de los contratos cuestionados y no autorizar nuevas adiciones. Además, llevó la información a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen lo ocurrido y determinen si hay responsables.

“La plata de la ciencia no se usó para ciencia. Son hallazgos preliminares y las autoridades dirán quién responde. Pero que quede claro: se acabó la ciencia de papel. Se acabó usar la apropiación social del conocimiento como disculpa para una novena navideña. Se acabó la caja menor con la plata de la investigación”, afirmó la ministra.

Los hechos corresponden al periodo entre noviembre de 2024 y julio de 2026 y, por ahora, son considerados hallazgos preliminares. Esto significa que las autoridades deberán revisar las pruebas antes de establecer si hubo responsabilidades.

“Si alguien se aprovechó de la ciencia de Colombia, le digo con claridad: su tiempo se acabó y responderá ante la ley. Seguimos ordenando la casa”, concluyó la ministra.

La investigación en curso busca determinar si hubo irregularidades en la utilización de recursos destinados a la ciencia y la innovación en Colombia, y si hay responsables que deban rendir cuentas ante la justicia.