La Fiscalía General de la Nación confirmó este miércoles que cuatro agentes de la Policía Nacional fueron sentenciados a prisión tras ser hallados responsables de la muerte de Donovan Balanta, un hombre de 31 años que falleció mientras estaba bajo custodia policial en la estación de Cazucá, Soacha. La sentencia, que incluye cargos de homicidio agravado, tortura y falsedad ideológica, marca el primer veredicto judicial en un caso que ha generado amplio debate sobre el uso excesivo de la fuerza y la posible discriminación racial en los procedimientos policiales.

Según la reconstrucción presentada por el ente acusador, Balanta recibió múltiples descargas de un dispositivo tipo táser y golpes durante el operativo policial en Caracolí. Posteriormente, fue trasladado a la sede de Cazucá, donde permaneció esposado y semidesnudo. Mientras estaba bajo custodia, el detenido manifestó dificultad para respirar y solicitó atención médica; un compañero de detención alertó a los uniformados sobre la urgencia de asistirlo. Sin embargo, la investigación determinó que transcurrieron aproximadamente veinte minutos antes de que fuera llevado a un hospital.

Al llegar al centro asistencial, Balanta presentaba ausencia de respiración y pulso débil; falleció horas después. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses vinculó la causa de la muerte a una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas.

El patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres fue señalado como autor de las descargas en el campo y dentro de la estación. Además, Santiago Vargas Romero y Henar Santiago Tapiero Tique fueron implicados en agresiones físicas contra la víctima. El mayor Roque Correa Yánez, a cargo de la unidad, fue acusado de permitir los hechos, de no ordenar el traslado inmediato a un centro médico y de registrar información contradictoria en los informes oficiales.

Giraldo Torres y Correa Yánez también fueron imputados por falsedad ideológica en documentos públicos. Ninguno de los cuatro agentes aceptó los cargos durante el proceso.

El caso está bajo la jurisdicción de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que adoptó un enfoque diferencial étnico‑racial. La Fiscalía ha subrayado la necesidad de esclarecer las circunstancias de las presuntas agresiones, la atención brindada a Balanta mientras estuvo bajo custodia y la responsabilidad individual de cada uniformado.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo solicitó investigar si existió discriminación racial en el procedimiento que culminó con la muerte de Balanta. La entidad ha pedido que se revisen los protocolos de uso de la fuerza y se garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas, especialmente de comunidades vulnerables.

El veredicto ha sido recibido con alivio por organizaciones de derechos humanos, que consideraron la sentencia como un paso importante para combatir la impunidad en casos de abuso policial. Sin embargo, expertos advierten que la condena de cuatro agentes no basta para erradicar prácticas sistémicas. “Es necesario fortalecer la capacitación, supervisión y mecanismos de control interno”, señaló la académica María Fernanda Gómez, especialista en criminología.

Por su parte, representantes de la Policía Nacional anunciaron que revisarán los procedimientos internos y reforzarán la capacitación en el uso de dispositivos de electrochoque. “No toleraremos conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos bajo nuestra custodia”, afirmó el comandante de la unidad involucrada.

La sentencia contra los cuatro policías vinculados a la muerte de Donovan Balanta constituye un precedente judicial en Colombia, al reconocer la responsabilidad penal de agentes estatales por actos de tortura y homicidio agravado. El caso seguirá siendo objeto de seguimiento por parte de organismos de control y la sociedad civil, que demandan reformas estructurales para garantizar la protección de los derechos humanos en el ejercicio de la autoridad policial.

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