El exprocurador y antiguo embajador de Colombia ante la OEA asumirá una cartera clave del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Su llegada revive el debate sobre sus posiciones frente al aborto, el matrimonio igualitario, el proceso de paz y el alcance de las sanciones disciplinarias.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este miércoles 21 de octubre la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y anunció que Alejandro Ordóñez Maldonado ocupará su lugar. Mientras se formaliza la posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, estará encargado temporalmente del despacho.

El relevo se produce después del hundimiento del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación, que fue retirado tras detectarse un vicio de trámite. Lara se convierte en el segundo ministro que deja el gabinete de De la Espriella, luego de la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación.

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, escribió el mandatario.

Una trayectoria marcada por el conservadurismo

La designación de Alejandro Ordóñez vuelve a poner bajo el foco a uno de los funcionarios más controvertidos de la política colombiana. Abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y especialista en Derecho Administrativo, inició su carrera como concejal de Bucaramanga por el Partido Conservador entre 1986 y 1989.

Más adelante ocupó cargos en el Tribunal Administrativo de Santander y llegó al Consejo de Estado, corporación que presidió entre 2004 y 2005. En 2009 fue elegido procurador general de la Nación por el Congreso, cargo que ejerció hasta 2016.

Ese año, el Consejo de Estado anuló su reelección al determinar que existieron irregularidades relacionadas con el nombramiento de familiares de magistrados que participaron en su postulación y de congresistas que votaron por él.

Durante su paso por la Procuraduría, Ordóñez utilizó ampliamente las facultades disciplinarias de la entidad. De acuerdo con un análisis publicado por BBC Mundo en 2013, durante su primer periodo fueron destituidos 828 alcaldes y 49 gobernadores, además de cientos de concejales, congresistas y otros funcionarios.

Uno de los casos más polémicos fue la destitución e inhabilidad por 15 años de Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, por irregularidades asociadas al cambio del modelo de recolección de basuras. La decisión provocó un litigio nacional e internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió mantener a Petro en el cargo mientras se resolvían sus recursos, y el entonces presidente Juan Manuel Santos terminó restituyéndolo.

Controversias por el aborto y el matrimonio igualitario

Las posiciones de Ordóñez frente a los derechos sexuales y reproductivos también generaron choques con la Corte Constitucional. Durante su gestión intentó frenar la aplicación de decisiones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, permitida en Colombia en tres circunstancias.

En 2012, la Corte ordenó que se retractara de pronunciamientos que, según el tribunal, vulneraban los derechos a la información y a la salud de las mujeres. La Procuraduría también tuvo que modificar actuaciones relacionadas con la objeción de conciencia y la atención de abortos.

En materia de derechos de las parejas del mismo sexo, el exprocurador defendió la objeción de conciencia de notarios y funcionarios frente a los matrimonios igualitarios. Además, sostuvo que estas uniones debían formalizarse mediante una figura distinta al matrimonio heterosexual.

Ordóñez también fue uno de los principales promotores del No en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las Farc de 2016. Tras abandonar la Procuraduría, lanzó una precandidatura presidencial y posteriormente fue nombrado por Iván Duque como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos.

Ahora dejará esa representación para asumir el Ministerio del Interior, desde donde deberá liderar las relaciones del Gobierno con el Congreso y afrontar una agenda política marcada por la controversia en torno al presupuesto nacional.