La ex primera dama Verónica Alcocer ha iniciado formalmente un proceso de revisión ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, buscando la exclusión de la Lista Clinton que la incluye junto a su exmarido, el expresidente Gustavo Petro. La solicitud llega justo después de que la pareja se divorciara el 10 de agosto de 2026, lo que, según la propia Alcocer, podría influir en la evaluación de su caso.

El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Petro, Alcocer, su hijo mayor Nicolás y el ministro del Interior, Armando Benedetti, bajo la Orden Ejecutiva N° 14059. La medida, respaldada por la OFAC, alegaba que la producción de cocaína en Colombia había alcanzado niveles récord bajo el gobierno de Petro, lo que “inundaba a EE. UU. y envenenaba a los estadounidenses”. La sanción prohibía a cualquier entidad estadounidense comerciar con los afectados y congelaba sus activos financieros a nivel global.

Alcocer explicó en una entrevista con RCN que la solicitud ya fue recibida por la OFAC y que la Oficina le envió un anexo solicitando información adicional. “Todo se maneja a través de mis abogados; no puedo comentar detalles, pero sí confirmo que he solicitado la revisión”, afirmó. Según fuentes judiciales, una vez aceptada la petición, la OFAC envía una serie de correos pidiendo documentos y declaraciones que demuestren la ausencia de actividades ilícitas. La carga de la prueba recae sobre el sancionado, y la exclusión puede tardar entre dos y diez años, dependiendo de factores como cambios de administración en EE. UU.

El divorcio como factor

Alcocer subrayó que su divorcio “es un hecho independiente” y que no debe ser vinculado a las acusaciones contra Petro o Nicolás. “Me vinculan por ser la esposa de Gustavo Petro, pero mi caso es independiente”, dijo. La separación, celebrada tres días después de la salida de Petro del poder, ha sido vista por algunos analistas como una estrategia para reducir la presión internacional y mejorar su posición ante la OFAC.

La sanción de la Lista Clinton generó una crisis diplomática sin precedentes entre Colombia y Estados Unidos, exacerbada por las diferencias en políticas de migración, narcotráfico y la guerra en la Franja de Gaza. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó a Petro de “exguerrillero” y de haber “permitido el florecimiento de los carteles de la droga”. En respuesta, el presidente colombiano defendió su política de “paz total” y denunció que las acusaciones eran infundadas.

La exasesora de Alcocer, Eva Ferrer, ha continuado haciendo denuncias públicas sobre supuestos transportes de armas y drogas en vuelos oficiales. En una audiencia virtual ante la Fiscalía, Ferrer reiteró su acusación de que la ex primera dama habría trasladado cocaína y dinero a Caracas. Alcocer, por su parte, ha mantenido que cada caso es independiente y que no se ha presentado evidencia concluyente.

Expertos en derecho internacional señalan que la exclusión de la Lista Clinton depende en gran medida de la evidencia presentada y de la política de la administración estadounidense. “La OFAC está influenciada por el presidente en turno”, comentó una fuente anónima. Si la revisión resulta favorable, Alcocer podría recuperar el acceso a sus activos y a la posibilidad de realizar transacciones financieras con entidades estadounidenses.